El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas bajó un 7,4% entre enero y julio en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos provisionales del Ministerio de Empleo. En concreto, un total de 266.849 trabajadores se vieron afectados por un ERE en los siete primeros meses del año, en contraste con los 288.268 trabajadores que estuvieron implicados en una regulación de empleo durante el mismo periodo de 2012.

No obstante, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos se incrementó hasta julio un 6,4%, hasta sumar 49.381 trabajadores, dato que contrasta con los descensos en un 10,4% y en un 9,1% de los trabajadores inmersos en suspensiones de contrato y reducciones de jornada, hasta totalizar, respectivamente, 163.556 y 53.912 afectados.

Los procedimientos de regulación de empleo autorizados/comunicados descendieron un 8,6% en comparación con el mismo periodo de 2012, hasta sumar 19,382 procedimientos, frente a los 21.213 de un año antes. Las empresas afectadas, por su parte, sumaron 15.404, un 13,3% menos. Del total de procedimientos, 18.047 contaban con acuerdo entre las partes, un 7,2% menos que entre enero y julio de 2012, mientras que 1.335 se efectuaron sin acuerdo, un 24,3% menos.

De los 266.849 trabajadores afectados por ERE en los siete primeros meses del año, seis de cada diez, 161.577 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas. Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 68.377 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 40.923 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 3.090 trabajadores y otros 204 se vieron inmersos en este procedimiento por alegar la administración pública en la que trabajan o trabajaban 'insuficiencia presupuestaria'.

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario. No obstante, la nueva regulación mantiene la necesidad de que se realice un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, al tiempo que se establece la intervención de la autoridad laboral para garantizar la efectividad de dicho periodo de consultas, pero sin tener ésta carácter decisorio. La decisión última será, pues, la del empresario, y como en el caso de los despidos individuales, si no se está de acuerdo, los trabajadores tendrán que impugnarla por la vía judicial.

La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta julio provenían de la industria (253.013) y los servicios (175.706). En la construcción, los afectados sumaron 50.442 y en la agricultura, 4.152.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo hasta julio fueron Cataluña (48.082), Madrid (32.181), País Vasco (32.765) y Comunidad Valenciana (24.384), mientras que La Rioja (2.033 afectados), Baleares (2.147) y Murcia (2.525) fueron las que tuvieron a menos trabajadores inmersos en un ERE.

Empleo precisa que los datos publicados no incluyen la información de los procedimientos comunicados por las empresas a la autoridad laboral de Catalunya entre enero y abril, al no haberse recibido la información a tiempo, y que las cifras correspondientes a dicha comunidad corresponden a los procedimientos comunicados por las empresas a la Dirección General de Empleo.