Madrid renuncia a la privatización sanitaria tras el varapalo del TSJM

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado hoy la renuncia definitiva de su Gobierno a llevar adelante el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, una decisión que se ha cobrado la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.

En una convocatoria de prensa convocada esta tarde, González ha avanzado que su Ejecutivo deja sin efecto el traspaso de la gestión a las empresas Sanitas, Ribera Salud e HIMA San Pablo ante la "incertidumbre" generada por la sucesión de resoluciones judiciales sobre el proceso, cuya legalidad ha defendido.

El último de estos fallos judiciales ha tenido lugar hoy, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado mantener la suspensión cautelar del concurso que en agosto de 2012 adjudicó a las empresas los centros Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Henares, del Tajo y del Sureste.

El titular del Ejecutivo madrileño ha indicado que la decisión de dejar sin efecto la externalización no supondrá nuevos recortes, aunque sí obliga a seguir ajustando los gastos y profundizar en las medidas incluidas en el plan sanitario aprobado en 2012 y ya puestas en marcha. El presidente de la Comunidad de Madrid, que ha recalcado que sigue considerando "legal" y "posible" el modelo de externalización hospitalaria, ha rechazado que dejar sin efecto este plan suponga un "fracaso".

Ha servido, según indicó, para "concienciar a toda la sociedad de la necesidad de hacer cada vez una gestión más eficiente" de los recursos públicos y del trabajo conjunto en la reducción del gasto "sin afectar" a los servicios "esenciales". González ha precisado que las empresas a las que en agosto de 2012 se adjudicó la gestión de los hospitales deberán acatar también el fallo del TSJM y no ha aclarado si se les indemnizará por esta suspensión definitiva.

Igualmente, ha agradecido el trabajo del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, cuya dimisión ha aceptado y que después de casi tres años como responsable sanitario en la Comunidad de Madrid será sustituido en el cargo por el actual portavoz de Sanidad del PP en la cámara regional, Javier Rodríguez. Lasquetty, que ha comparecido junto a González ante los medios de comunicación y mantendrá su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, ha significado que su decisión obedece a su sentido de la responsabilidad y a que fue él quien propuso y puso en marcha el proyecto de externalización.

La oposición, por su parte, se ha alegrado del revés judicial y el paso atrás del Gobierno regional. Tras la comparecencia de González, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha celebrado la paralización de las externalización y ha considerado que, tras un año "duro", ha merecido la pena "dar la batalla" por la sanidad pública. El coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, se ha felicitado también por la renuncia, que ha achacado a la "enorme presión ciudadana del último año", y ha reclamado la dimisión del propio presidente tras considerar que la dimisión del consejero "no es suficiente". Desde UPyD, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha reclamado diálogo con los sectores implicados tras el fracaso del plan privatizador y con el objetivo de mejorar la gestión sanitaria pública.

CCOO de Madrid ha valorado el fin de un proceso de privatización que considera "plagado de irregularidades", mientras que UGT ha argumentado que se ha demostrado que la marea blanca de protesta sanitaria "tenía razón" cuando exigía parar la "privatización".

La sección tercera del TSJM desestimó hoy el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión del proceso de externalización sanitaria, dictada en septiembre a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM). Además de mantener la suspensión del proceso, el TSJM ha hecho extensivo el fallo a otros dos recursos contenciosos interpuestos por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts). El objetivo de la suspensión, según los jueces, es evitar "perjuicios de imposible reparación", ya que el asunto afecta "al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid" . 

La Comunidad de Madrid pretendía ahorrar 169 millones de euros anuales con el traspaso de la gestión hospitalaria, medida contra la que se sucedieron 22 días de huelga entre noviembre de 2012 y junio del pasado año y decenas de manifestaciones. Hoy, los profesionales expresaban su "satisfacción plena", aunque lamentaban que la decisión haya llegado "a base de doblegar intenciones" por la vía judicial y no "mediante el diálogo y del entendimiento", declaró Julián Ezquerra, secretario general del sindicato de médicos Amyts.