Es imprescindible que la perspectiva de género se integre en la formación de operadores jurídicos (jueces, fiscales y forenses). Esta es una de las principales conclusiones que se leyeron este viernes en el Senado durante la clausura del congreso que durante dos días analizó los tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Los participantes en las jornadas, organizadas por la Fundación Themis de Mujeres Juristas, también aprobaron instar al Gobierno a que apruebe un baremo de valoración de las lesiones y secuelas de las víctimas de la violencia machista.

Reclaman que en este sentido se atienda a los criterios del daño descritos por la Organización Mundial de la Salud.

La normativa para luchar contra los malos tratos a mujeres prevé la creación de Unidades de Valoración Forense Integral, que están formadas por un forense, un trabajador social y un psicólogo. Pero desde que se aprobó la ley, en 2004, sólo se han puesto en marcha en nueve comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.

Por este motivo, el congreso pidió en sus conclusiones su implantación generalizada en todo el territorio. Asimismo reclamaron que en estas valoraciones se tenga en cuenta'la situación de vulnerabilidad de la víctima a causa de la violencia que padece'.

Precisamente ayer, uno de los ponentes, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, destacó la importancia de la valoración del daño de la víctima. Lamentó que en ocasiones la falta de formación de quienes realizan este examen hace que se minimice
el perjuicio real.

Por ello, Lorente insistió en que una valoración correcta demuestra que el daño físico 'no es el objetivo del agresor', sino que lo que busca 'es perpetuar una situación de control y una posición de dominio'.