Lissavetzky insiste en que con legislación actual no se puede dar un España-Cataluña

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, ha asegurado hoy en una comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, que con la legislación actual no se puede dar un España-Cataluña en ninguna competición.

Lissavetzky reiteró esta manifestación tras una pregunta de Joan Puch, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), quien reclamó Juego Limpio después de la negativa de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de permitir el partido amistoso Cataluña-Estados Unidos, así como recordó enfrentamientos de gran atractivo en Gran Bretaña con encuentros como Inglaterra-Escocia, y aseguró que un enfrentamiento España-Cataluña tendría un gran éxito.

Además, Puch señaló que la selección catalana de hockey patines va a participar próximamente en el Campeonato Sudamericano.

El secretario de Estado para el Deporte insistió que a nivel internacional y oficial no puede producirse un enfrentamiento entre España y Cataluña y recalcó que para él y para el Gobierno no sería deseable.

Lissavetzky subrayó que siempre se han respetado a las selecciones autonómicas, pero que también hay que hacerlo a las leyes y que siempre que las federaciones, según el calendario previsto, dan el visto bueno el CSD no ponía ninguna pega, así que consideró que no "es justo" que Joan Puch le acusara de falta de juego limpio.

El representante de ERC preguntó también al secretario de Estado para el Deporte si no había pensado trasladar el caso de las presuntas irregularidades de la RFEF a la Fiscalía General del Estado, y Lissavetzky recordó que el organismo que preside Angel María Villar había reintegrado hace un mes 3'9 millones de euros (3.912.826,62), hecho exigido por el Tribunal de Cuentas.

No obstante, la Asamblea de la RFEF aprobó por unanimidad recurrir estos expedientes abiertos por el CSD para que reintegre 3,6 millones de euros, según el informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2002 y 2003, que detectó irregularidades en la justificación de las subvenciones.