Un mero folio resume dos años de gestiones de un juez y una secretaria judicial para escanear 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios de un caso de corrupción política. El folio no tiene desperdicio, por la impotencia que destila y la falta de medios en la Administración de Justicia que retrata. Ocurre en Canarias, donde la competencia de medios materiales en los juzgados está transferida a la comunidad autónoma. Aún no han conseguido su propósito.

El auto alcanzó notoriedad este viernes, 14 de noviembre, porque cita como imputado a Fernando Clavijo, quien ganó en las primarias a Paulino Rivero para ser el candidato a presidente de Canarias por Coalición Canaria. El juez le imputa los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad de documento, prevaricación y tráfico de influencias dentro del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El magistrado, César Romero Pamparacuatro, del juzgado de instrucción 1 de La Laguna, relata en el auto las gestiones para conseguir un escáner y un funcionario que les eche una mano con el escaneado. Gestiones realizadas ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias.

Esta es la crónica que consta en el auto:

19 de junio de 2012: La secretaria judicial remite oficio a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, que es contestado dos días después.

26 de julio de 2012: Diligencia de la secretaria judicial donde transmite 'la imposibilidad de trasladar las actuaciones y la ingente documentación al Palacio de Justicia de Santa Cruz donde parece que existe un escáner'.

27 de julio de 2012: El magistrado llama al Director General de la Administración de Justicia 'manifestando su secretaria que no era motivo suficiente para molestar al llmo. Sr Director General'.

8 de agosto de 2012: Contesta de nuevo la Dirección General al oficio del 19 de junio. Anuncia que 'se instalará por breve periodo un escáner en las sedes del Juzgado de lnstrucción no. 1 y no. 4 de esta ciudad'.

23 de agosto de 2012: Diligencia de la secretaria en la que se hace constar a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 'que con el personal que se dispone en el breve periodo de tiempo que está a disposición el escáner no se puede practicar la diligencia de escaneado, solicitando en su caso un funcionario de refuerzo para su desarrollo'.

16 de octubre de 2012: La secretaria judicial dicta una diligencia para hacer constar 'que ha transcurrido el plazo (un mes) por e! cual se nos retiró el escáner para servir a otro Juzgado y no se ha devuelto'.

7 de junio de 2013: Nuevo oficio de la secretaria judicial dirigido a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 'por el que se solicita nuevamente que el escáner no sea retirado'.

12 de junio de 2013: Oficio de la Sra Secretaria dirigido a esa dirección general 'por el que se solicita nuevamente que el escáner no sea retirado y enviado a un Juzgado de Los Llanos de Aridane'.

23 de octubre de 2013: Escrito del magistrado dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ·poniendo de manifiesto la situación del procedimiento y la posibilidad de que existieran dilaciones indebidas por la ausencia de los medios materiales y personales no suministrados ni nombrados por la DGRAJ'.

25 de noviembre de 2013: Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias en el que 'se da por enterada y acuerda remitir escrito' a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 'para que provea de un escáner y nombre un funcionario de refuerzo para la digitalización de los autos'.

27 de noviembre de 2013: Oficio conjunto firmado por la secretaria del juzgado y el magistrado 'instando la dotación de escáner y nombramiento de funcionario al acumularse las causa de especial complejidad y volumen precisadas de digitalización'.

29 de mayo de 2014: Oficio de la secretaria del juzgado Decano de San Cristóbal de La Laguna 'anunciando la implantación de escáner en el Palacio de Justicia'.

*Queda pendiente de escaneado los más de 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios y los expedientes administrativos que componen las piezas de convicción de los hechos objetos de este procedimiento', prosigue el auto para entrar ya en los fundamentos de derecho por el que se imputa al alcalde de La Laguna. Esta resolución judicial causó el viernes un terremoto político en Canarias.

El Gobierno de Canarias es el responsable de aportar a los juzgados y tribunales de esa autonomía los recursos humanos y materiales, como el escáner reclamado desde hace dos años por este juzgado.

El Ejecutivo de Canarias está gobernado por Coalición Canaria, partido al que pertenece el alcalde imputado en este auto, Fernado Clavijo, quien encabezará la lista de esta formación en las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2015.

Por su parte, el juez César Romero Pamparacuatro llevó a cabo los casos más sonados de corrupción política de Lanzarote, donde estaba destinado con anterioridad. Entre ellos destaca el caso Unión, una trama de comisiones ilegales que afecta al Partido Independiente de Lanzarote, a su líder Dimas Martín y a numerosos políticos y funcionarios locales.