La Junta andaluza, desbordada por la incapacidad de frenar la 'marea sanitaria'

SEVILLA.- La mayor oposición al Gobierno de Susana Díaz en este momento está en la calle, no en el Parlamento andaluz. La ola de manifestaciones ciudadanas contra la gestión de la sanidad pública andaluza, “joya de la corona” del Ejecutivo andaluz, ha ido a más en estos dos últimos meses, culminando en tres macroprotestas que han movilizado a casi 70.000 personas en las calles de Granada, Huelva y Málaga.

En la capital granadina, donde se repitió una concentración de más de 50.000 personas, no se recordaba una manifestación tan multitudinaria desde 2003, cuando 150.000 personas tomaron las calles en protesta por la guerra de Irak.

El bastón de mando de estas movilizaciones lo sustenta la gente, los médicos, los enfermeros, los usuarios. Entre la multitud se leían pancartas con un cierto aire al 15-M, reclamaciones individuales, demandas públicas y un cartel bien grande en la cabeza de la comitiva donde podía leerse: “Absténganse cualquier partido político de traer sus banderas”.

La multitud en la calle evidencia que el discurso firme de Susana Díaz como defensora del Estado de Bienestar hace aguas. Es un duro golpe en la línea de flotación de su Administración y de sus planes para liderar el PSOE federal, pero por mucho que esto beneficie colateralmente a sus adversarios políticos, ni PP ni Podemos están detrás de las manifestaciones. Ni pueden ni les han dejado ni tienen esa capacidad de movilización. Mala noticia para ellos, sobre todo para la formación morada, que acaba de constatar que la calle y la indignación ciudadana se mueve con impulsos propios, y que por mucho que la esencia de Podemos haya surgido de las calles, Podemos es ahora un partido político y está en las instituciones.

Pero sobre todo es una mala noticia para Susana Díaz, porque si PP y Podemos no están detrás de las protestas, la presidenta no tiene con quién confrontar. No puede hacerlo contra sus profesionales de la sanidad pública ni contra sus usuarios.

El Gobierno andaluz no ha sabido articular un relato claro en estos 40 días (desde que se vio sorprendido por la primera protesta multitudinaria de Granada con 50.000 personas el pasado 16 de octubre) ni un discurso nítido que contenga el incendio. Díaz ha tenido que pedir disculpas públicas hasta en siete ocasiones (en varias entrevistas televisadas, en sesión parlamentaria y en la inauguración de instalaciones sanitarias) y observa, alarmada, cómo el cabreo ciudadano contra su gestión oscurece el inicio de su carrera personal hacia la dirección del PSOE.

La Junta ha paralizado provisionalmente el proyecto de fusión hospitalaria de Granada que dio origen al tsunami de críticas, pero no tiene un plan b, y lejos de aplacar los ánimos, las protestas del fin de semana se multiplicaron y extendieron a tres provincias. Esta vez, diputados de PP, Podemos e IU intentaron visibilizarse más entre la multitud, lo cual ha facilitado a Díaz una estrategia de defensa más cómoda: denunciar la pinza entre el PP y Podemos, denunciar una especie de complot de la derecha para desprestigiar la sanidad pública y alarmar a la ciudadanía con el oscuro objetivo de abrir la puerta al negocio de las farmacéuticas y las empresas sanitarias privadas.

Pero el relato no ha calado, porque la indignación de los médicos y de los usuarios es real. No sólo no ha calado, sino que los suyos se le empiezan a volver en contra, porque además del poder regional que ostenta Díaz existe el poder provincial, y ahora el alcalde socialista de Granada, Francisco Cuenca, el regidor de Huelva, Gabriel Cruz, y los líderes provinciales del PSOE en estas provincias han pedido a la presidenta que reaccione, que haga “algo contundente” para frenar la sangría de apoyos e impedir que se ponga en riesgo el favor de sus ciudadanos. El primer edil granadino, que apenas lleva seis meses en el cargo, se ha tragado ya tres manifestaciones masivas en las calles de su ciudad, y ha advertido a Díaz que a la cuarta, si no hay una respuesta firme por parte de la Junta, él mismo se unirá a las protestas.

En el aire está el posible cese del consejero de Salud, Aquilino Alonso, que, sin embargo, no es el responsable directo del proyecto sanitario que ha indignado a la gente. La fusión de dos hospitales de Granada o de Huelva se remonta a un plan de racionalización del sector sanitario que se diseñó en 2012, en la cúspide de la crisis y cuando los gobiernos autonómicos se vieron obligados a primar la consolidación fiscal y la reducción del déficit al gasto social.

Entonces el departamento de Salud lo dirigía María Jesús Montero, hoy consejera de Hacienda, y su idea para reducir gastos en puestos directivos pasaba por unificar las gerencias de los hospitales de una misma ciudad y trabajar bajo un modelo de unidades intercentros. En Huelva y Granada, por sus características poblaciones, se proyectó unificar sus grandes hospitales en grandes complejos hospitalarios, un modelo que ya funciona en otras provincias andaluzas, como Córdoba, Jaén, Almería. Sevilla y Málaga lo paralizaron de raíz.

En la práctica, la fusión hospitalaria ha hecho que se repartan las especialidades entre distintos edificios y, como consecuencia, un paciente con politraumatismos tenga que “autodiagnosticarse” para decidir cuál de los edificios visita primero, y luego, trasladarse de uno a otro recabando las pruebas que requiere su tratamiento. Alonso asegura que la fusión hospitalaria no ha servido de excusa para ahorrar costes, jura y perjura que “no ha habido recortes”, aunque admite que “puede haber habido problemas de organización”. El consejero se muestra desconcertado con la ola de críticas y dice desconocer “qué quieren los manifestantes y por qué protestan exactamente”.

La presión sobre él es tal, que hace dos días fue Presidencia quien anunció a la prensa que Alonso “sería recibido” por uno de los médicos que encabeza las movilizaciones, el doctor Jesús Candel, que se ha hecho famoso en las redes sociales bajo el sobrenombre de Spiriman. Candel denuncia la “precariedad” del sistema sanitario andaluz, desmonta el “discurso triunfalista” de Susana Díaz, además es miembro de una ONG que ayuda a niños en exclusión social a través del deporte. Se ha convertido en un héroe popular y la Junta no ha podido ni querido encasillarle junto a partidos políticos o sindicatos con intereses particulares. Spiriman se reunirá con el consejero de Salud este jueves por la tarde en un intento desesperado de frenar la crisis.

La otra opción que baraja el gabinete de crisis de Díaz es agilizar el proyecto de Ley de Sostenibilidad de la la Sanidad Pública Andaluza, una norma más discursiva y política que práctica, que promete el blindaje del presupuesto sanitario, plantilla incluida y recursos. Pero el borrador de esta norma lleva un año en el cajón, el anteproyecto se aprobó hace meses y aún no ha iniciado su tramitación parlamentaria. Algunos en el Ejecutivo de Díaz dudan de que ésta sea la respuesta adecuada para apagar un incendio de la magnitud que se ha originado. Está en riesgo la estabilidad del Gobierno andaluz, porque Ciudadanos ha empezado a endurecer las condiciones a su apoyo, pero también están en riesgo los gobiernos municipales donde se están produciendo las protestas.

La presidenta de Andalucía, líder de facto del PSOE federal y virtual líder de la oposición al Ejecutivo de Mariano Rajoy, defiende su gestión como una aldea gala irreductible que preserva las políticas de izquierdas y mantiene la estructura del Estado de Bienestar mientras todos los demás recortan gasto social y privatizan. Con ese relato aspira a convertirse en secretaria general de los socialistas, reunificar un partido que ella misma ha contribuido a dividir, recuperar la credibilidad de los suyos y la fidelidad de su electorado y convertirse en la primera presidenta del Gobierno del país.

Su discurso como líder del bastión más sólido de la izquierda en España se ha mantenido firme y sin fisuras, incluso coaligándose con una formación de derechas como Ciudadanos, por tres razones fundamentales: porque en la comparación de los grandes números macroeconómicos, es cierto que Andalucía no ha minado el gasto social ni privatizado servicios tanto como otras comunidades gobernadas por el PP, sea Madrid, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana; porque tiene en frente una oposición parlamentaria deslavazada, más cómoda en la acción opositora que en plantear una alternativa creíble de Gobierno tras 38 años de preeminencia socialista; y porque su Administración no se ha enfrentado a mareas de ciudadanos indignados. “En Andalucía no hay mareas ni blancas ni verdes ni moradas”, dijo la presidenta en el Parlamento a principios de octubre. Ahora sí las hay.

Susana Díaz ha culminado un mes jalonado de actos institucionales y entrevistas en medios nacionales que dibujan su carta de presentación a las primarias socialistas. Algunas voces dentro del partido aseguran que anunciará oficialmente su candidatura a liderar el PSOE en el acto con la militancia que ha convocado el próximo 16 de diciembre en Jaén, en el que estará arropada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta semana ha viajado a Bruselas para dejarse ver con altos mandatarios de la Comisión Europea, y hace sólo unos días proclamó, para quien tuviera dudas, que “se puede compatibilizar” la presidencia de Andalucía y la secretaría general del PSOE federal “si se ponen por delante los intereses de las personas”. El mayor freno que existe ahora en su hoja de ruta son precisamente las personas que abarrotan las calles y ponen en cuestión su capacidad de