El juez fija una fianza de 8,1 millones para Urdangarin y su socio

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto una fianza solidaria de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, así como para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. La cifra se ajusta a los 8,1 millones que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias.

El magistrado, en un auto dictado hoy de 500 folios, les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación, según han confirmado fuentes jurídicas.  El magistrado ha acordado fijar dicha fianza para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en su contra en esta pieza separada del caso Palma Arena. En caso de que no pagaran los 8,1 millones de euros, se les embargaría los bienes hasta cubrir la cuantía de la fianza que se les ha impuesto.

En el auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia. El juez destaca el "desmedido ánimo de lucro del yerno del rey".
El juez destaca el "desmedido ánimo de lucro del yerno del rey"El pasado 21 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para Urdangarin, Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. En su escrito, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuyó al duque de Palma y a su exsocio "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2007. Horrach sostiene que Urdangarin y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", más un tercio de esa cantidad, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas del proceso, hasta alcanzar los citados casi 8,2 millones de euros.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad, y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las comunidades autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar. Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

Por su parte, el 15 de enero, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito de alegaciones contra la fianza de 8,1 millones, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos. "Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente", insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en "efectivo".

Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil. En su escrito, el exsocio del Duque de Palma afirmaba que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc".