Este artículo se publicó hace 14 años.
El juez deja en libertad a 'Rafita' por un robo con fuerza
El fiscal prefirió no tomar medidas cautelares contra él por ser un delito menor
El juez de Instrucción número 33 de Madrid acordó ayer dejar en libertad a Rafael García Fernández, conocido como 'El Rafita', tras prestar declaración por un delito de robo con fuerza que habría cometido junto con otras tres personas el pasado sábado en la calle Clarinetes, en el distrito madrileño de Latina, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
La Policía detuvo a 'Rafita', uno de los condenados por el brutal asesinato de Sandra Palo, el pasado sábado por intentar robar un coche. Ayer se le puso a disposición del Juzgado de Instrución número 33 de Madrid, cuyo titular le tomó declaración por un delito de robo con fuerza.
Según las mismas fuentes, el fiscal consideró que al ser un delito menor no era oportuno imponer a los cuatro jóvenes detenidos medidas cautelares, algo que no contempla la Ley en estos casos.
En la comparecencia, el fiscal argumentó que ni siquiera los chicos tienen causas pendientes con la Justicia ni antecedentes penales, pese al historial delictivo de 'Rafita' en el ámbito de la delincuencia juvenil.
ReincidenteSe trata del tercer delito que comete el chico durante su libertad vigilancia. Está acusado de robar el pasado junio un ordenador en Málaga y de otro robo con fuerza ocurrido el pasado 23 de diciembre en Alcorcón.
La Comunidad de Madrid hizo efectivo en noviembre el traspaso a Instituciones Penitenciarias de la vigilancia de 'Rafita' tras un auto de un magistrado del juez de Menores de Madrid, informaron a Europa Press fuentes regionales.
Hasta ese momento, el Gobierno regional era el que asumía la tutela del joven, ya que cuando cometió el crimen era menor de edad. Pero la Comunidad, al conocer que el chico había quebrantado la libertad vigilada, pidió al juez que terminara este periodo --que concluye en junio-- bajo la supervisión estatal de Instituciones Penitenciarias.
En una primera ocasión, el magistrado consideró que era mejor opción que dependiera de la entidad pública autonómica, pero posterormente dio la razón al Ejecutivo autonómico.
Así, se remitió a la Disposición Adicional cuarta de la Ley 7/2000 sobre Responsabilidad Penal del Menor y en el artículo 10 de la modificación de la Ley 8/2006, en el que se dice que las medidas de libertad vigilada previstas en dicho artículo "deberán ser ratificadas mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor y del representante de la entidad pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamento, y se llevará a cabo por las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de las penas".
No obstante, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior insistió hace dos meses que 'Rafita' no estuvo nunca en busca y captura y permaneció perfectamente controlado, lo que negó la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez.
De hecho, el detonante de esta medida la desencadenó Bermúdez, que denunció la ausencia del joven en una vista en el Juzgado de Menores. "Sabían que es un peligro público para la sociedad y logró escapar. Y cuando sale la vista nos enteramos por el propio juez que está en la Cañada Real y que lo han estado escondiendo todo este tiempo", indicó ayer a Europa Press la madre de Sandra Palo, que insistió en que el proceso de reinserción de 'Rafita' no ha dado sus frutos, algo que también reconoció en su momento el propio Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.
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