El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid por despedir a los integradores sociales, fisioterapeutas, educadores, enfermeros, técnicos, y auxiliares de hostelería y limpieza que trabajan en centros con alumnos con necesidades especiales. 

A principios de septiembre, la Consejería de Educación tomó esta decisión basándose en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a hacer fijo a cualquier trabajador que encadene más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses en dos o más contratos. Para evitar contratar indefinidamente a los trabajadores de la bolsa de empleo que cumplían ese requisito, les echaron y cubrieron sus plazas con personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal o con pocos meses trabajados para la Comunidad de Madrid . La medida afectó al 80% de los 700 profesionales que atienden a niños con Transtorno Generalizado del Desarrollo (TGD), movilidad reducida, trastorno sensorial o Transtorno del Espectro Autista en las 104 aulas que hay en la Comunidad.

El sindicato CCOO denunció el caso a los tribunales y la justicia le ha dado la razón. La sentencia de la Sección nº2 de lo Social declara la 'nulidad radical' de las nuevas contrataciones y obliga al departamento que dirige Lucía Figar a cancelar las contrataciones que hizo desde el 1 de septiemebre y a 'efectuar los llamamientos de los trabajadores inscritos en las bolsas de trabajo (...) por riguroso orden de puntuación'.

'Hubiéramos preferido no llegar hasta aquí, pero estamos más que satisfechos. Por fin se ha hecho justicia', cuenta a Público la integradora social Tatiana Rodríguez de Castro. Tras cuatro años encadenando contratos de obra y servicio de septiembre a junio, este inicio de curso no recibió la llamada de rigor. Desde entonces no ha cobrado paro ningún subsidio. 'Lo he pasado mal sobre todo porque este trabajo es una forma de vida', confiesa. Comisiones Obreras —a cuya demanda se sumó también CSIT, UGT, SATSE y el Comité de Empresa de la la Consejería de Educación— ha anunciado que pedirá reclamaciones patrimoniales por los daños causados a los trabajadores.

Aun así, los empleados no han sido los únicos damnificados por la decisión de Figar. 'La mala gestión de la consejería perjudica ante todo a los alumnos', denuncia José Miguel, padre de una niña con TGD. La presidenta de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, coincide con él: 'La decisión arbitraria de la Consejería de Educación ha dañado a un alumnado especialmente sensible porque durante tres mesos muchos de estos niños han sufrido graves retrocesos', explica a Público. Los alumnos con necesidades especiales tienen, en su mayoría, problemas para relacionarse con su entorno, de ahí la importancia de establecer vínculos con sus terapeutas que se prolonguen en el tiempo.

Para Galvín, la consejería ha demostrado una vez más 'una falta absoluta de sensibilidad y responsabilidad'. CCOO denuncia además las interpretaciones sesgadas basadas en criterios ideológicos que Figar hace de la legislación por no respetar los méritos y capacidades de los profesores. 'No se puede contratar al margen de las listas', insiste. 

La Consejería de Educación, que recurrirá la sentencia en casación, estima que el número de contratos que pueden verse afectados por la sentencia es de unos 350, de los cuales, '150 son auxiliares de hostelería (limpieza), 60 son auxiliares de control (conserjes), y 140 son personal laboral del resto de las categorías (integradores sociales, fisioterapeutas y diplomados en enfermería)', afirma el departamento de Figar en un comunicado. 'En ningún caso queda afectada por la sentencia la contratación de personal docente, maestros y profesores —que no son personal laboral, sino funcionarios, y cuyos nombramientos no se rigen por estas bolsas—. Tampoco existe ninguna contratación de educador infantil afectada por la sentencia', señala la Consejería de Educación.