La inversión en Justicia no evita el paro de la APM

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la organización de jueces mayoritaria y conservadora, repetía hace menos de un año que acudir a una huelga debería ser “el último recurso” para presionar al Gobierno. Hoy, 8 de octubre, cree que ha llegado ese momento. La APM –con sus 1.200 asociados– convoca en solitario el segundo paro de togas en ocho meses.

La primera huelga de jueces de la democracia llegó el 18 de febrero. Pero las circunstancias eran distintas. Entonces, fueron dos las asociaciones que convocaron el paro, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. Las otras dos, la APM y Jueces para la Democracia (JpD) no lo avalaron. Entonces, el clima de hartazgo por la situación de la Justicia era generalizado. Y entonces había un ministro, Mariano Fernández Bermejo, ubicado en el centro de la polémica.

El plan del Ejecutivo prevé más jueces y 600 millones de euros en tres años

La huelga de hoy, organizada por la APM –y respaldada por la conservadora Asociación de Fiscales–, desentona con el actual climaen el mundo judicial. El 18 de septiembre, el Ejecutivo aprobó el Plan de Modernización de la Justicia. Como anunció el nuevo ministro, Francisco Caamaño, el plan prevé invertir 600 millones de euros en tres años y aumentar un 17% el número de jueces, un 20% el de fiscales y un 20% el de secretarios judiciales. Para 2010, el Gobierno dedicará a la Justicia 1.804,8 millones. Es decir, 218,5 millones más (un 13,8% más en un año). El Ejecutivo, en un argumentario repartido ayer, destacó que se trata de “la mayor inversión en la historia de la democracia”.

Sólo es un “parche”

La APM ya había emitido un preaviso de huelga el 12 de junio, en plena negociación del Ministerio con las cuatro asociaciones judiciales. Es decir, tres meses antes de que el Ejecutivo aprobara su plan. Sin embargo, la “insuficiencia” de ese plan es lo que sirve a la APM para justificar el paro.

Caamaño juzga de «verdaderamente incomprensible» la actitud de la APM

En un escrito de 12 folios, la asociación conservadora cree “claramente inadmisible” el programa del Gobierno, apenas “un fogonazo”, un “parche” que se queda corto en recursos humanos y materiales. Es un plan “inoperativo, que no colma las aspiraciones de eficacia y de eficiencia” de los jueces, remachó ayer el portavoz de la APM, Antonio García.

Las otras tres asociaciones han criticado que la organización mayoritaria haya decidido ir sola a la huelga, sin contar con ellas, y en un momento “inoportuno”, justo por las reformas previstas. Caamaño, en unas jornadas organizadas por el Club Diálogos para la Democracia, tachó ayer de “verdaderamente incomprensible” la actitud de la APM.

 

LA OPINIÓN DE LOS SECTORES AFECTADOS

Los usuarios denuncian las consecuencias del paro

La huelga en la Administración de Justicia incide en los administrados, los usuarios, destacaron para Público este lunes todas las asociaciones de consumidores. No todas consideran, eso sí, que se vaya a producir una paralización masiva de los juzgados. La Unión de Consumidores sí criticó que no se haya trasladado aún a los ciudadanos las razones de la huelga.

El CGPJ sigue sin ver "soporte normativo"

Este martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recordó que no hay “soporte normativo” que permita a los jueces ir a la huelga. Ayer, la portavoz del órgano, Gabriela Bravo, tildó de “difícilmente comprensible” el paro, máxime cuando “una parte importantísima” de la carrera judicial ha apostado por el Plan de Modernización.

Los secretarios judiciales critican la huelga

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) censuró ayer la huelga de la APM. “No tiene otra finalidad –subrayó en un comunicado–, aparte de la estrictamente política, que frenar la modernización de la Justicia”. Instó a Estado y comunidades a liderar “el proceso de cambio” y combatir una “Justicia anclada en el pasado”.

Los partidos coinciden en la "inoportunidad"

Coincidencia general entre los partidos. Álvaro Cuesta (PSOE) juzgó de “desleal” e “irresponsable” el paro de la APM. Dolors Montserrat (PP) lo halló ayer “inoportuno, más teniendo en cuenta la crisis”. CiU y PNV compartieron la necesidad de “escuchar” a los jueces, pero estimaron que la huelga “no es la salida”.