El Ministerio del Interior impulsará a principios de la legislatura que ahora comienza el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, según señalaron ayer fuentes del departamento. El anuncio llegó pocas horas después de que la Federación de Mujeres Progresistas instara al Gobierno a aprobar medidas urgentes para perseguir a las redes que obligan a las mujeres a prostituirse.

Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, la asociación reclamó que se diseñe un marco de protección para estas víctimas. También pide que se incluya en la legislación española la directiva europea de 2004 que propone la concesión del permiso de residencia a las víctimas de trata.

La Federación presentó un estudio que sitúa a España como uno de los principales países europeos de destino de mujeres víctimas de organizaciones que se dedican al tráfico de personas con fines sexuales. En 2006, más de 18.000 mujeres extranjeras fueron víctimas de este delito, según datos de la Guardia Civil, que asegura que esta cifra ni siquiera representa la mitad de los casos.

Mayoría de sudamericanas

El 58,59% de estas mujeres provenía del continente americano. Brasil, Colombia, República Dominicana y, por primera vez, Paraguay fueron los principales países de origen. Las provincias donde se han localizado un mayor número de víctimas son Toledo (1.804), Ciudad Real (1.420), Palencia (1.361), Valencia (1.307) y Madrid (1.209).

Para la presidenta de la Federación, Yolanda Besteiro, la prostitución es una forma de violencia sobre la mujer, por lo que afirmó que las víctimas de trata con fines sexuales deberían poder acogerse a las medidas de protección que contempla la Ley de Violencia de Género. Besteiro señaló que cuando se realiza alguna redada en los clubs a las mujeres se les aplica la Ley de Extranjería. Como la mayoría está en situación irregular, su destino es la expulsión.

La Federación de Mujeres Progresistas reclamó que el Plan Nacional contra la Trata de Personas, que según Besteiro debería haberse aprobado en la anterior legislatura, amplíe su marco de actuación a los diferentes tipos de trata de personas. Pide, además, que incorpore medidas específicas en los casos de violencia contra las mujeres y se dote al proyecto de recursos económicos.