El hombre que en 2006 puso una bandera republicana en un edificio público ingresará en prisión

Jaume d'Urgell no piensa ceder en sus convicciones. Tiene hasta el jueves para pagar una multa de 1.260 euros por sustituir en mayo de 2006 la bandera rojigualda por la republicana en un edificio público madrileño o, de lo contrario, deberá ingresar en prisión. "No lo haré porque sería darles la razón", asegura.

Jaume tendrá que acudir ese día al Juzgado de Ejecución Penal número 7 de Madrid. Si decide no pagar, como ya ha anunciado a Público.es que hará, el juez podría condenarle a cumplir 3 meses y medio de prisión y hacer de este modo efectivo el cumplimiento de la sentencia que le condenó a una multa de siete meses por ultraje a España.

27 horas después de ser arrestado Jaume fue puesto en libertad con cargos. Fue acusado de desórdenes públicos y ultraje a España y posteriormente absuelto por el primero de los cargos, por el que el fiscal reclamaba un año de cárcel. Sin embargo sí que fue condenado por el segundo de ellos, lo que conllevó a la imposición de una multa de siete meses.

"No me viene bien ir a la cárcel pero pagar la multa sería darles la razón"

El magistrado recalcó en su sentencia que no hubo violencia, ni premeditación, ni destrucción de la propiedad pública, como tampoco se ofreció la menor resistencia u oposición al arresto en su acto. Se trató de este modo de un acto de desobediencia civil pacífica, que no obstante, se encuentra tipificado en el artículo 543 del Código Penal, por lo que resolvió imponer la pena mínima contemplada en la Ley.

Jaume no pagará la multa no por desobediencia a la Justicia, sino por "incompatibilidad moral con sus convicciones"

D'Urgell alegó durante el juicio que lejos de menoscabar la honorabilidad del país, pretendía poner de manifiesto su convicción política de que "más allá de los símbolos o la pervivencia de reductos feudales del folklore institucional, la adopción de una forma de gobierno plenamente democrática, con una mayor separación de poderes, transparencia y participación, resultaría más favorable para los intereses del conjunto de la ciudadanía".

Se le acusó de desórdenes públicos y ultraje a España

D'Urgell asegura que no lo hará por "incompatibilidad moral con sus convicciones".  Confiesa que tuvo alternativas y "estrategias de defensa más seguras" pero que su decisión es firme. En su opinión, "el bien jurídico protegido (la monarquía) atenta contra el interés general de la ciudadanía", por ello, se ve obligado a objetar en conciencia ante el pago de la multa. Jaume D'Urgell cree que "dependerá de la mano del juez" su posible ingreso en prisión.

De este modo, según el artículo 53 del Código Penal, cabe la posibilidad de que sea condenado a 105 días de privación de libertad.