'Estamos ante el proceso de regularización más importante en España en toda su historia; no hay precedentes de una operación de esta envergadura'. Así calificó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, la operación en torno a las cuentas secretas que centenares de contribuyentes españoles tenían en una filial suiza del banco HSBC, de las que se tuvo conocimiento por la información que remitieron las autoridades francesas. De momento, las actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria en torno a estos contribuyentes han supuesto unos ingresos para el fisco de unos 260 millones (incluyendo el recargo del 20% por ser fuera de plazo) por las declaraciones complementarias que han presentado unos 300 contribuyentes, casi la mitad de los implicados.

Es una cantidad que equivale a una cuarta parte de los ingresos obtenidos por Hacienda en 2009 por regularizaciones voluntarias (1.111 millones de euros), y similar también a lo que han pagado por IRPF unos 72.000 contribuyentes este año.

Ocaña compareció ayer en el Congreso de los Diputados para informar sobre las actuaciones realizadas en torno a dichas cuentas secretas y, también, sobre las de otros contribuyentes españoles existentes en Liechtenstein. Con resultados bastante diferentes.

Las actuaciones más recientes son las que tienen que ver con las cuentas suizas. En mayo pasado, según Ocaña, las autoridades francesas enviaron a la Administración tributaria información que habían obtenido de titulares de cuentas en el banco HSBC en Suiza que involucraba a contribuyentes españoles (ver información en la página 25). Eran 659 contribuyentes (en su día se dijo que eran un millar), de los que se tenían datos de los ejercicios de 2005 y 2006.

Según explicó el secretario de Estado, el fraude por el primero de esos años, el 2005, estaba próximo a la prescripción; esto es, pasado el 30 de junio ya no se les podría exigir nada. Esta circunstancia 'desaconsejaba iniciar directamente un procedimiento inspector', que hubiera supuesto un largo y detallado análisis de cada uno de los casos, por lo que, según explicó Ocaña, se optó por otro procedimiento: un requerimiento en el que se comunicó a esos contribuyentes que se tenía conocimiento de la existencia de tales cuentas suizas, y que abría la puerta a una regularización voluntaria.

Esta decisión fue muy criticada en su momento por los partidos de la oposición, por algunos fiscalistas, y por las respectivas asociaciones de inspectores y de subinspectores de Hacienda, que acusaron a los responsables de la Agencia Tributaria de trato de favor hacia estos defraudadores. Estas críticas volvieron a ser esgrimidas ayer por los diputados del PP, que calificaron el procedimiento seguido por Hacienda de una amnistía encubierta.

Ocaña justificó tal decisión argumentando que con ella se evitó que el fraude prescribiera y no impedía que luego ss realizase una inspección sobre esos contribuyentes. Más aún, el secretario de Estado aseguró que tales inspecciones se han iniciado, y que afectan también a aquellos contribuyentes que han presentado una declaración complementaria; incluso se van a remitir en breve las primeras denuncias a la Fiscalía sobre presuntos delitos fiscales (los fraudes superiores a los 120.000 euros).

El responsable de la política antrifraude rechazó las críticas de la oposición, que calificó de 'demagógicas' y de 'irresponsabilidad brutal', y subrayó que el Ministerio de Economía y Hacienda se ha opuesto siempre 'de forma rotunda y tajante' a cualquier tipo de amnistía. 'Estamos absolutamente en contra de cualquier señal que pueda hacer pensar a los contribuyentes que, si no pagan, pueden salir de rositas. Tolerancia cero, esa ha sido nuestra posición a lo largo de los años y lo sigue siendo', dijo.

Toda la Agencia Tributaria está dedicada a la investigación de estas cuentas. Fuentes de Hacienda señalaron que en cada delegación existe, al menos, un equipo de inspección dedicado a esta tarea, y que se está planteando la posibilidad de pedir más información a Suiza, con la que recientemente se ha actualizado el convenio de intercambio de información fiscal, y a Francia.

Muy distintos han sido los resultados de las actuaciones del primer caso sobre cuentas opacas. Fueron las que se descubrieron a finales de 2007, obtenidas por los servicios secretos alemanes de un confidente, antiguo empleado del banco LGT de Liechtenstein. Los datos que afectaban a contribuyentes españoles llegaron procedentes de las autoridades británicas, según explicó Ocaña.

Eran 200 personas titulares de cuentas secretas, integradas en 85 grupos familiares. Pero los datos que se recibieron correspondían al ejercicio de 2002, por lo que el posible fraude había prescrito en el ámbito administrativo, y estaba también al borde de prescribir en el ámbito penal. Ello explica que, de acuerdo con los datos que ofreció el secretario de Estado ayer, de los expedientes de delito fiscal que se pudieron remitir a los jueces, que afectaban a unas 65 personas, sólo siguen su instrucción 8 procedimientos individuales y un procedimiento general en el que estarían imputadas nueve personas más. Ocaña, no obstante, aseguró que a los titulares de las cuentas de Liechtenstein se les ha incluido en los planes de inspección de la Agencia Tributaria, como contribuyentes de alto riesgo.

También hubo en este caso contribuyentes que, al conocer que Hacienda disponía de esta información, optaron por presentar declaraciones complementarias. Pero, como admitió el propio Ocaña, los resultados han sido más 'limitados': Los ingresos obtenidos por estas regularizaciones fiscales apenas alcanzan los 8 millones de euros.