Greenpeace ha denunciado hoy que la Política Pesquera Común (PPC) está fomentado la destrucción de los océanos y ha advertido del "daño irreparable" que causa en estos ecosistemas la pesca de arrastre de profundidad, con la destrucción de hábitats y la sobreexplotación de caladeros.

La organización ecologista ha presentado hoy en A Coruña el informe "Hasta que desaparezca el último pez: el destructivo modelo de la pesca de arrastre de profundidad", que revela cómo esta pesquería daña y sobreexplota los caladeros del Atlántico Norte y cómo las políticas pesqueras españolas y europeas "financian esta destrucción a través de los subsidios".

La directora de Campañas de Greenpeace España, María José Caballero, ha destacado que 1996 y 2010 la pesca de arrastre de profundidad ha recibido unos 142 millones de euros a pesar de generar solo un 5,94 por ciento del empleo.

Caballero ha explicado que el estudio analiza los impactos de la pesquería de arrastre de profundidad, las subvenciones que ha recibido y el empleo que genera, todo ello enmarcado en las negociaciones de la reforma de la Política Pesquera Común.

Así, ha subrayado que España tiene la flota pesquera más grande de Europa que se mantiene "con miles de millones en subsidios" (más del doble de la cuantía de las subvenciones recibidas por cualquier otro país de la UE).

Según el informe, entre 2000 y 2006 España recibió alrededor del 44 por ciento de los subsidios, y entre 2007 y 2013 cerca del 26 por ciento.

No obstante, la responsable de Greenpeace ha advertido de que este dinero no ha ido destinado a la flota mayoritaria y que más empleos genera, la denominada de bajura, compuesta por pequeños barcos que faenan en aguas nacionales, ya que se han dirigido a las grandes flotas, que solo suponen el 20 por ciento del total pero pescan el 87 por ciento de las capturas.

"Si España continúa con esta práctica, se prevé que menos del 10 por ciento de los stocks pesqueros mantendrán niveles sostenibles en 2022 y las principales áreas de pesca se volverán improductivas en poco más de una década", ha declarado Celia Ojeda, responsable de la campaña de Océanos de Greenpeace.

Ojeda ha añadido que las actuales políticas pesqueras, tanto de la Unión Europea (UE) como del Gobierno español, "están favoreciendo a las grandes flotas industriales en detrimento de la pesca artesanal y local".

Ante esta situación, la organización ecologista solicita a los estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo una reforma de la PPC contemple la reducción del exceso de capacidad, dando prioridad al desguace urgente de los barcos más destructivos para los ecosistemas y poblaciones, y la eliminación de las prácticas pesqueras con numerosas capturas accesorias como la pesca de arrastre de profundidad.

Igualmente exigen cambiar las prácticas pesqueras dañinas para el medio ambiente por aquellas sostenibles, es decir, pesquerías de bajo impacto donde los recursos marinos se distribuyen de forma equitativa y se garantiza el suministro de alimento ahora y en el futuro.

También defienden reformar la política de subsidios para poner fin a las subvenciones que contribuyen a la pesca destructiva, garantizar las inversiones que restablezcan y mantengan los recursos pesqueros y la salud de los ecosistemas marinos, así como prohibir el apoyo a medidas que aumenten la capacidad pesquera.

Por último, Greenpeace apuesta por establecer cuotas de acuerdo con las recomendaciones científicas y garantizar la recuperación de las poblaciones de peces por encima de niveles que puedan soportar el rendimiento máximo sostenible para 2015.