La central nuclear de Cofrentes (Valencia) está envejecida, tiene una seguridad deficiente y, además, es prescindible si atendemos a los datos generales del suministro eléctrico en España. Estos son los argumentos con los que Greenpeace y la plataforma Tanquem Cofrents (Cerremos Cofrentes) pidieron ayer al Gobierno que no prorrogue la vida útil de la central. El Ejecutivo tiene de plazo hasta el 20 de marzo para contestar a la petición de Iberdrola, la empresa propietaria, que ha solicitado que Cofrentes, que funciona desde 1984, produzca energía diez años más. La respuesta será probablemente afirmativa, porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado su visto bueno.

No obstante, Greenpeace no pierde la esperanza de hacer que el PSOE vuelva la vista hacia el programa con el que ganó las elecciones, en el que se comprometía a 'la sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras'.

La ONG acusa a Iberdrola de anteponer beneficio a inversión

Los ecologistas han esgrimido hoy informes del CSN y de Red Eléctrica Española, entre otras entidades, para mostrar las carencias de seguridad de la central. Carlos Bravo, de Greenpeace, ha afirmado que la instalación fue construida para 25 años de vida útil. Sobrepasado ese límite, los materiales están envejecidos. Entre los datos más significativos están los 102 incidentes de los diez últimos años, todos de nivel 0, salvo dos de nivel 1 (en una escala de 0 a 7). Además, la ONG ha asegurado que los trabajadores están sometidos a dosis radioactivas 'anormalmente altas, el triple de las que se suelen producir en otras centrales'.

Por su parte, Iberdrola ha negado este viernes cualquier problema de seguridad y ha explicado que el mero hecho de que se conozca cada incidencia muestra la transparencia que se exige a la industria nuclear. La empresa no ha desmentido los niveles de exposición de la plantilla, pero sí ha asegurado que están por debajo de los máximos permitidos.

Bravo ha acusado a Iberdrola de 'maximizar los beneficios económicos a costa de la seguridad'. Ha recordado que, según la ley que prepara el Gobierno, la compañía sólo estará obligada a pagar indemnizaciones hasta un coste de 1.200 millones de euros en caso de accidente, una cifra mínima, en opinión de la ONG, si se compara con el millón de euros (800.000, según la empresa) que Iberdrola gana al día gracias a la central. El resto de daños los pagaría el Estado, 'o sea, nosotros', ha apostillado Bravo. 'Así, se entiende que Iberdrola quiera alargar todo lo posible la vida de Cofrentes', concluye.