Ni el Estado ni los gobiernos autorizaron a Villarejo los trabajos privados por los que cobró hasta 5 millones de euros

El comisario José Manuel Villarejo Pérez no pudo saltarse la ley él solo. Y sus cómplices también pueden acabar investigados en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Diego de Egea, según las fuentes consultadas por Público. Al menos, los que tuvieron que controlar que su trabajo era compatible entre los años 2012 y 2016, en los que estuvo como personal de confianza adscrito al director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y mientras era ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El motivo es que la respuesta que acaba de aportar el ministerio de Hacienda y Función Pública a la causa Tándem, después de que el juzgado preguntara si el policía había solicitado la compatibilidad para las actividades de sus empresas —dedicadas a servicios de inteligencia, gestión de crisis e investigación— y para los puestos que ocupa en ellas.

“Según informe de 2 de junio de 2017 de la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), no consta que el Comisario José Manuel VILLAREJO PÉREZ "haya solicitado en algún momento desde la entrada en vigor de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas", deja claro el escrito ministerial

Los cómplices de Interior

En 2015, cuando a raíz del caso del pequeño Nicolás salió a la luz el entramado empresarial del comisario José Manuel Villarejo Pérez y los 20 millones de euros que había movidos entre Uruguay, Estepona (Málaga) y Madrid, Fernández Díaz salió raudo a decir que el policía había prestado grandes servicios a la patria pero encargó un informe a la cúpula policial para que certificase que las actividades del funcionario eran compatibles.

Eugenio Pino, imputado en algunas causas después de su jubilación por manipular pruebas, le pasó el encargo a su jefe de gabinete, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, abogado y ex sindicalista —es decir, gran conocedor de la Ley de compatibilidad de funcionarios de la Administración Pública— que, reconociendo que Villarejo no tenía la compatibilidad concedida, concluyó que todo el entramado empresarial que ahora se investiga por blanqueo de capitales y cohecho eran compatibles con las actividades de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

José Ángel Fuentes Gago fue enviado por Eugenio Pino y Jorge Fernández Díaz, antes de marcharse ambos del Ministerio del Interior, a la embajada de Holanda, donde cobra actualmente un suplemento de más de 10.000 euros al mes además de su salario. Las fuentes consultadas aseguran que tendrá que dar explicaciones en la Audiencia Nacional por las conclusiones de su informe, que permitieron seguir actuando a la presunta organización criminal de Villarejo un año más.

Los 5,3 millones por trabajos para la familia de Obiang

Gracias a esta resolución Villarejo pudo seguir vulnerando la ley –como hacía desde 1989—, según recoge la Fiscalía Anticorrupción en su informe: “Simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de "inteligencia" para sus clientes, aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial, resultando de la denuncia inicial que motivó la incoación de las Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal, que VILLAREJO PÉREZ habría aceptado "otros encargos similares" al Proyecto KING que dio origen a esta causa a pesar de su condición de Comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía, en cuya negociación y ejecución habría intervenido decisivamente, al menos, su socio e investigado Rafael REDONDO RODRÍGUEZ”.

El denominado Proyecto King fueron trabajos relacionados para la familia del dictador de Guinea ecuatorial, Teodoro Obiang. Para ello contó con la ayuda del también comisario de Policía, Carlos Salamanca Vilchez, que “contactó con Francisco MENÉNDEZ RUBIO, abogado en España de individuos guineanos vinculados a la empresa pública de Guinea Ecuatorial GEPETROL, el cual solicitó para sus clientes guineanos la prestación de servicios altamente especializados de información e inteligencia al segundo de los comisarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía investigado, servicios que éste le prestó con abuso de su condición y cargo policial. Como contraprestación a los servicios de consultoría de inteligencia en relación al denominado "Proyecto KING" asumidos por el investigado José Manuel VILLAREJO PÉREZ con abuso de su condición policial, éste recibió fondos de los clientes guineanos por importe de 5 '3 millones de euros, aunque formalmente asumiera el encargo el Grupo empresarial CENYT (Club Exclusivo de Negocios y Transacciones), cuyo propietario real es VILLAREJO PÉREZ, de manera que dichos fondos acabaran en España valiéndose dicho Comisario de un complejo entramado societario que le permitía oscurecer aquel origen de los fondos para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, y Panamá”.