Ni un euro más. El Gobierno cree que con las subvenciones que el Ministerio de la Presidencia entrega cada año a las asociaciones de víctimas del franquismo es suficiente. En total, ha concedido seis millones de euros en los últimos tres años para proyectos de aperturas de fosas. Una prueba de ADN para identificar los restos cuesta cerca de 600 euros por cadáver. Las subvenciones apenas cubren los gastos de la excavadora.

El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica aprobada en diciembre de 2007. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, lo dejó claro: 'Seguiremos dando las subvenciones a las asociaciones para proyectos concretos previstos en la ley'. Fue una confirmación a las críticas que los grupos en teoría beneficiados hacen al Gobierno. 'Pedimos que asuman ellos la tarea', reclamó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva. Su asociación, una de las más activas en exhumaciones, recibió 120.000 euros en 2007.

El Consejo de Ministros aprobó además la creación de instrumentos para crear un mapa de fosas comunes, como le exige la ley. Sin embargo Silva lamenta que la herramienta que se propone sea una web, 'cuando el 80% de la gente que conoce dónde están tiene más de 80 años' y no tienen acceso a esta tecnología. Lo que sí detalla el Gobierno son las subvenciones a las víctimas, que irán de 35.000 a 135.000 euros, según el perjuicio, y la entrega de la doble nacionalidad a los pocos brigadistas internacionales que queden vivos. Hasta ahora, sólo se les había permitido escoger entre su nacionalidad de origen y la española.

El apoyo institucional para investigar los restos de las víctimas es uno de los objetivos del caso abierto por el juez Baltasar Garzón.

El Comité de derechos humanos de la ONU respaldó el viernes la decisión del juez frente al recurso del fiscal y pidió a España que eliminara la Ley de Amnistía de 1977 porque 'los delitos de lesa humanidad no prescriben', tal y como defendió Garzón. España firmó, cuatro meses antes de aprobar esa ley, hace 31 años, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Mientras la Audiencia Nacional decide sobre la competencia de Garzón y el Gobierno desarrolla, a pequeños pasos, la Ley, los familiares de víctimas avanzan en las exhumaciones de los restos de la represión franquista.

Gracias a las medidas tomadas por el juez, el pasado jueves comenzaron los trabajos de búsqueda y exhumación de los restos de diez personas asesinadas en 1936, enterradas en tres fosas comunes en dos pueblos de Cáceres.

A petición de la asociación de la ARMH, el magistrado solicitó al Ayuntamientode Valverde de la Vera que facilite las tareas de investigación en una fosa de ese pueblo.

Protocolo: las asociacionesson las responsables
El ‘Protocolo de actuación en exhumaciones' aprobado por el Gobierno incide en que la responsabilidad de esos trabajos es de 'los órganos competentes de las Administraciones públicas y las Asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea honrar la memoria histórica'. Actuarán, según el texto, 'con sus propios medios', o con los que se les aporten mediante 'convenios o contratos'.

Mapa: labor de ayuntamientosy comunidades autónomas
El ‘Mapa integrado de fosas', que podrá ser consultado por los interesados -la gran mayoría, ancianos- a través de una página web, es competencia de Administraciones locales y territoriales, 'fundamentalmente las Comunidades Autónomas', explica el texto aprobado en el Consejo de Ministros.

Reparación para los afectados o, en caso de fallecimiento, los familiares directos
La declaración de 'reparación y reconocimiento personal' de los que padecieron 'persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura' podrá ser solicitada por los afectados o sus familiares directos. Esta fórmula, que será expedida por el Ministerio de Justicia, es la aprobada por la Ley de Memoria Histórica para suplir la negativa a anular los juicios de la justicia franquista.