Este artículo se publicó hace 14 años.
El Gobierno irlandés se baja el sueldo y el de los altos funcionarios
El Parlamento irlandés (Dáil) se dispone a aprobar hoy las partidas más urgentes de los presupuestos generales del Estado para 2011, que prevén un ahorro de 6.000 millones de euros mediante una subida de impuestos, reducciones en las prestaciones sociales y recortes de los sueldos del Gobierno y altos funcionarios.
De la aprobación de estos presupuestos depende en gran medida que el Ejecutivo de Dublín pueda acceder a los 67.500 millones de euros depositados en un plan de rescate financiero para el país por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La primera votación en el Dáil se llevará acabo esta noche, después de que los diputados debatan la batería de medidas que deben entrar en vigor este mismo miércoles, como, por ejemplo, los precios del combustible y el nuevo régimen fiscal.
El Parlamento seguirá después debatiendo otros aspectos menos urgentes recogidos en los presupuestos, un proceso que puede alargarse durante dos o tres semanas, según explicaron fuentes oficiales.
El Gobierno de coalición del primer ministro, Brian Cowen, cuenta con los seis votos de sus socios del Partido Verde, así como los de algunos diputados independientes, por lo que se da por seguro que las cuentas públicas serán aprobadas.
La oposición, no obstante, votará en contra, al considerar que los presupuestos han sido diseñados por un "Gobierno marioneta", maniatado, dicen, por las condiciones impuestas por la UE y el FMI en el rescate financiero.
Durante la presentación hoy de los presupuestos, el ministro irlandés de Finanzas, Brian Lenihan, aseguró que la política presupuestaria y fiscal de su Gobierno ha "estabilizado" las cuentas públicas y predijo un "modesto" crecimiento económico para el próximo año.
Se rebajará, por ejemplo, en 14.000 euros anuales el sueldo del "Taoiseach" (primer ministro irlandés) y en 10.000 euros el de los ministros, mientras que el techo salarial para altos funcionarios públicos, entre los que se incluyen los jueces y la propia presidencia de la República, será de 250.000 euros.
Cowen cobra actualmente 228.466 euros al año, 57.117 euros menos que en 2009, pero continúa siendo unos de los jefes de Gobierno mejor pagados del mundo si se le compara, por ejemplo, con su colega español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos ingresos son de 78.185 euros.
"Vivimos tiempos excepcionales", advirtió Lenihan al confirmar que las pensiones de funcionarios públicos que superen los 12.000 euros anuales también se reducirán un 4%.
Las cuentas públicas para el próximo año son la primera fase del plan de austeridad cuatrienal irlandés, cuyo objetivo es reducir su déficit público hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014 con ajustes por un valor de 15.000 millones de euros.
El Ejecutivo confía en reducir su gasto público durante el próximo año en 4.500 millones de euros e ingresar a través de una profunda reforma fiscal unos 1.500 millones de euros.
Según Lenihan, el PIB crecerá ligeramente en 2011, hasta lograr una media anual del 2,75% entre ese año y 2014, cuando su déficit público debería haberse reducido al 3% del PIB.
Lenihan recordó que Irlanda se ha visto obligada a aceptar el rescate financiero de la UE y del FMI para romper el "círculo vicioso" que amenazaba a la economía nacional y su sistema bancario.
"Sin este apoyo, habría habido serias dudas sobre la capacidad del Estado para acceder a fondos a un coste razonable para financiar servicios públicos clave y mantener un sistema bancario saludable. Ésa es la realidad", resaltó.
Respecto a los impuestos sobre la renta, el Gobierno ha decidido ampliar la base fiscal, ya que, hasta la fecha, el 45% de la fuerza laboral no pagaba impuestos porque su salario anual no sobrepasaba los 18.300 euros, con lo que se espera que ahora el 60% de los trabajadores contribuya al esfuerzo común con sus impuestos.
Por otro lado, el nuevo salario mínimo interprofesional se fijará en los 7,65 euros por hora trabajada, un euro menos que hasta ahora.
La mayoría de los subsidios por desempleo y otras ayudas sociales se reducirán en un 4% y, aunque las pensiones públicas no serán modificadas, se eliminarán algunas de sus exenciones fiscales.
Además, aumentará los precios de la gasolina y el gasóleo en cuatro y dos céntimos, respectivamente, aunque el Gobierno decidió en el último momento congelar los del tabaco y el alcohol.
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