El Gobierno estudia vender una parte de los 53.662 inmuebles del Estado

El Gobierno estudia vender una parte de los 53.662 inmuebles propiedad del Estado para ahorrar costes y sanear las finanzas públicas, según se desprende del plan de racionalización y utilización eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Estado.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presidido este martes la constitución de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales (CCFAIP), en la que se ha presentado un informe preliminar que señala que el Estado tiene 53.662 bienes registrados, de los que un 67% son rústicos, un 26% edificaciones y un 7% solares.

En un comunicado, Hacienda destaca que el propósito es hacer un diagnóstico de la situación inmobiliaria de la Administración General del Estado y promover medidas para reducir el gasto en arrendamientos o a través de la venta de inmuebles y solares.

Entre las líneas de actuación destaca la negociación a la baja de los alquileres o la reubicación de efectivos en edificios propiedad del Estado, así como la venta y puesta en valor de bienes rústicos y urbanos para reducir los costes asociados a bienes inactivos.

La Comisión en la que están representados los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Defensa, Interior, Sanidad y Política Social e Igualdad, y Fomento e Industria, deberá hacer un mapa detallado de los niveles de ocupación de estos inmuebles.

Además, definirá sólo excepcionalmente los nuevos equipamientos que vayan a construirse únicamente en supuestos que se garantice la autofinanciación a medio plazo.

El Ejecutivo pretende impulsar medidas específicas en materia de eficiencia energética en algunos de los inmuebles. Montoro ha resaltado que el Ejecutivo tiene "la obligación de cambiar el despliegue inmobiliario de la administración para hacerlo más eficiente y menos costoso".

Asimismo, prevé ahorrar unos 100 millones de euros en alquileres a partir de 2013 con la mejora de la gestión de estos bienes y así se incluye como medida de ahorro en el Programa de Estabilidad 2012-2015 remitido a Bruselas.