Este artículo se publicó hace 17 años.
El Gobierno canario alarma a las ONG
Los colectivos denuncian su intención de endurecer la lucha contra la inmigración clandestina
Las principales organizaciones que trabajan en el campo de la inmigración se mantienen alerta. En el umbral de las próximas elecciones generales y después de perder su hegemonía en las últimas autonómicas, Coalición Canaria ha impreso un giro de rigidez en su política migratoria. El último exponente de esta deriva espera su llegada al Congreso después de ser aplaudido hace dos semanas en el Senado con el voto a favor de la formación canaria, PP, CiU, PNV y Grupo Mixto. El PSOE , IU y ERC votaron en contra de una proposición de Ley Orgánica de "medidas para la lucha contra al inmigración clandestina".
La reforma propuesta por Coalición Canaria recorta algunos derechos para los inmigrantes que llegan a España, como el de la atención sanitaria, que reserva para casos de urgencia, enfermedad grave o accidente, propone la creación de juzgados especiales e impide, por ejemplo, que una persona en situación no regularizada pueda empadronarse. El PSOE, que se opone a esta iniciativa, la ha calificado en ocasiones de contrarreforma.
CEAR: "La peor línea posible"
Las ONG llegan más lejos en su juicio. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, emplea la palabra "involución". Quien se pronuncia así es su presidente, el abogado Ignacio Díaz de Aguilar. "Es una propuesta con un contenido más de imagen que real, es la peor línea posible". A su juicio Coalición Canaria se descuelga del necesario consenso y va "por libre".
Díaz de Aguilar compareció ayer ante la subcomisión sobre Política de Inmigración del Congreso. El máximo dirigente de CEAR considera "injustificadas" las quejas del Ejecutivo canario sobre la actuación del Gobierno central contra la inmigración clandestina. En cuanto las consecuencias inmediatas para los inmigrantes, el presidente de CEAR cree que la propuesta canaria "los condenaría a un enorme sufrimiento y abriría una fractura social al establecer bolsas diferenciadas, ghetos", por lo que animó al Ejecutivo canario a "trabajar más y criticar menos, a crecer en convivencia y no crear distancias".
Marginalidad y desarraigo
Desde el gabinete jurídico del Movimiento por la Paz, MPDL, su responsable señaló a Público que la primera repercusión directa de la propuesta de Coalición Canaria sería "condenar a los inmigrantes que llegan en situación de irregularidad a la marginalidad y el desarraigo". Muy atentos también a la evolución de la iniciativa, la responsable jurídica del MPDL denuncia esta "modificación legislativa que atenta contra derechos fundamentales".
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