El Gobierno aprueba medidas por 10.200 millones de euros para hacer frente a la desaceleración

El Gobierno español aprobó hoy una serie de medidas de urgencia por valor de 10.200 millones de euros (unos 16.100 millones de dólares) que aplicará durante lo que queda de año para hacer frente a las consecuencias de la desaceleración en la economía.

La ralentización económica ha llevado al Consejo de Ministros a aplicar once medidas destinadas a impulsar la actividad y a mejorar la situación de los ciudadanos y las empresas.

La medida estrella, por su cuantía, y que ya fue anunciada durante la campaña para las elecciones del 9 de marzo pasado, consiste en la deducción de cuatrocientos euros (unos 635 dólares) a los contribuyentes que perciben rentas del trabajo y a quienes obtengan rendimientos de actividades económicas.

Se trata de una decisión cuyo valor estimado es de unos 6.000 millones de euros, equivalentes el 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias.

Otra de las medidas es la eliminación de los gastos de ampliación del plazo de amortización de los préstamos hipotecarios durante los dos próximos años, aunque esta decisión queda pendiente de un compromiso con las entidades financieras.

Con el objetivo de ayudar a las compañías el Gabinete ha aprobado la ampliación en 2.000 millones de euros del aval que el Estado concede para la titulización de créditos a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que pasa de 1.000 a 3.000 millones en los Presupuestos del Estado.

La titulización es un proceso que usan las empresas para obtener financiación mediante la venta de activos a un tercero que a su vez financia la compra con la emisión de valores, que están respaldados por los activos adquiridos.

Asimismo, para contar con más liquidez, las empresas podrán solicitar desde 2009 la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) mensualmente, lo que les permitirá cobrar de forma anticipada una cantidad estimada en torno a los 6.000 millones de euros.

La batería de disposiciones pretende agilizar la obra pública e impulsar la construcción de viviendas protegidas, con el objetivo de construir 150.000 casas más baratas al año y contrarrestar las pérdidas de empleo que la crisis en el sector de la construcción puede generar.

Ese sector, motor de la economía española en los últimos años y que emplea a un gran número de inmigrantes, es el que se resiente más de la desaceleración económica.

Completa la serie medidas un plan para la recolocación de parados (201 millones de euros), además de ayudas temporales de 350 euros al mes a quienes padezcan esa situación, el impulso a las obras públicas y la mayor atracción de la inversión extranjera, a través de cambios en la fiscalidad de la Deuda Pública y otros instrumentos de renta fija para no residentes.

El encargado de presentarlas fue el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien expresó su confianza en que todas esas medidas de reactivación eleven en dos o tres décimas el crecimiento en 2008.

Solbes hizo hincapié que la recuperación de la economía empezará en el segundo semestre de 2009, aunque admitió que el Producto Interior Bruto (PIB) "bajará claramente" del 3,5 por ciento frente al mayor pesimismo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un crecimiento del 1,8% para este año y del 1,7% para el próximo.

El responsable de Economía recordó que España tiene "una razonable fortaleza económica" que le permite disponer de "margen de maniobra", a pesar de la desaceleración económica mundial

Uno de los elementos que indican la ralentización de la actividad es la situación de la vivienda, sobre la que hoy se conoció que el precio real de la vivienda libre cayó en el primer trimestre del año tras registrar un subida nominal (3,8 por ciento) inferior a la del IPC (4,5 por ciento en marzo), algo que no ocurría desde 1997.

El anuncio del Gobierno no convenció a la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), cuyo portavoz económico y ex ministro, Cristóbal Montoro, dijo que se trata de medidas "deslavazadas e inconexas" y criticó que abunden los "avales a operaciones financieras y a créditos bancarios".