Garzón pide a los TSJ de Madrid y Valencia investigar la trama que Correa gestó en la sede del PP

El juez Baltasar Garzón ha pedido a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de Valencia que asuman la investigación de la trama dirigida por Francisco Correa, de la que dice que se gestó a partir de la relación de éste con dirigentes nacionales del PP que trabajaban en la sede central del partido.

El magistrado de la Audiencia Nacional hace esta afirmación en los autos en los que detalla los indicios de la implicación en la supuesta trama de corrupción del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, del secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y de los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.

Además, Garzón ha notificado un tercer auto en el que suma a los 37 imputados hasta la fecha a los alcaldes de las localidades madrileñas de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda; así como a otras cuatro personas, a las que interrogará el próximo día 18 porque, mientras los TSJ de Madrid y de Valencia no acepten el caso, él seguirá practicando diligencias.

Garzón asegura que la organización de Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del PP a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido sita en la calle Génova de Madrid y que convirtieron a su empresa Special Events en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política".

El presunto líder de la trama desarrolló "un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público" facilitaban la entrada de sus empresas en la Administración que gobernaban.

El magistrado añade que, para ganarse el favor de los políticos, Correa entregaba "dádivas" de todo tipo, "desde dinero en efectivo a regalos de lujo, coches, pantallas de televisión de plasma u otros objetos".

El sistema funcionó entre 1996 y 2004, cuando los cambios en la dirección del PP se tradujeron en la desvinculación del partido de las empresas de Correa, que trasladó sus actividades a Valencia, para lo que creó una sociedad -Orange Market- cuyo responsable, Álvaro Pérez, "El Bigotes", tenía "buenas relaciones" con personas que ocupan cargos de responsabilidad en el PP y en la Generalitat.

Así, entre 2006 y 2009 Orange Market ha obtenido la adjudicación de los stands de la Comunidad Valenciana en distintas ferias de turismo (FITUR, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur) por un importe total de 4.148.595 euros.

En ese periodo de tiempo, y según los datos que obran en la causa, Orange Market ha pagado 12.783 euros por diversas prendas de vestir adquiridas por Francisco Camps, entre ellas un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco para una recepción en el Vaticano.

Sobre Ricardo Costa, el juez afirma que compró ropa por un importe de 7.325 euros pagados por Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, todas de Correa.

Pero, además, Garzón revela indicios de una presunta financiación ilegal del partido a partir de unos apuntes en la contabilidad "B" de la trama que reflejan un ingreso de un millón de euros de procedencia desconocida de los que 420.000 euros se destinan "hacia el Partido Popular de Valencia".

"No existe lógica en dicho traspaso, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones", dice el auto.

Además de a Camps y a Costa, el juez ha pedido al TSJ valenciano que investigue por cohecho y tráfico de influencias al ex vicepresidente de la Generalitat y ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas, José Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, que también habrían adquirido ropa pagada por empresas de Correa.

En cuanto a la parte "madrileña" de la trama, Garzón sostiene que los diputados autonómicos López Viejo, Bosch y Martín Vasco hicieron operaciones con Correa por un valor de 1.250.728 euros y los seis nuevos imputados por 3.297.566 euros.

Estos últimos, además de los alcaldes de Arganda y Pozuelo, son el director general de Gestión Urbanística de Boadilla (Madrid), Tomás Martín, el ex diputado autonómico Clemente Aguado -que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila- y los ex ediles de Boadilla y Estepona (Málaga) José y Ricardo Galeote, padre y hermano, respectivamente, del eurodiputado del PP Gerardo Galeote.

Según Garzón, López Viejo, que dimitió recientemente de su cargo de consejero de Deportes en el Gobierno regional, benefició "en diferentes eventos" a la organización de Correa "a cambio de entregas de dinero", mientras que Martín Vasco intermedió para que la constructora Martinsa -"que habría pagado comisiones a Correa por esta labor"- obtuviera adjudicaciones de obras en Boadilla.

De Bosch dice que "es una persona próxima a Correa" y que éste le habría pagado por mediar para que la empresa Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto de construcción de una ciudad deportiva en Boadilla.