Gabilondo subraya en el pacto los deberes de la concertada

Tras las críticas recibidas por los representantes de la izquierda educativa, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha dado un nuevo giro progresista a su propuesta para un pacto educativo. El penúltimo documento, presentado ayer a los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas, incluye propuestas de mayor contenido social, como la de conceder más recursos económicos, profesorado y otras compensaciones a los centros, públicos o concertados, que escolaricen a más alumnos "con necesidades específicas de apoyo educativo".

De este modo, se empujaría a los centros concertados a implicarse en la escolarización de alumnos inmigrantes y estudiantes discapacitados, que en la actualidad absorbe la escuela pública en el 90% de los casos. Además, entre los 12 objetivos básicos para la próxima década, se incluye el de "conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los privados concertados, garanticen un servicio educativo de calidad, sin discriminación alguna".

El Gobierno está dispuesto a modificar hasta 21 artículos de la LOE

Entre las 137 acciones concretas que incorpora la propuesta, elaborada a partir de las sugerencias de 77 agentes sociales y políticos vinculados a la enseñanza, se hacen varias alusiones a la red concertada y su deber de "compartir derechos, pero también obligaciones", como ha resumido Gabilondo. El ministro defendió que los centros, "si tienen fondos públicos", deben implicarse en una educación "inclusiva" a favor de la diversidad.

También en clave social, en el preámbulo del texto se menciona por primera vez la necesidad de investigar "en qué medida el fracaso y el abandono están provocados por situaciones de pobreza, exclusión social o marginalidad de muchos estudiantes y sus familias". El borrador no hace ninguna mención a impulsar el carácter laico de la pública.

El PP rechaza de nuevo la oferta de alianza e insiste en imponer su modelo

Por su parte, el Partido Popular volvió a negarse a aceptar el pacto propuesto. La consejera de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, actuó como portavoz de los consejeros conservadores para asegurar que no encuentran "avances sustanciales" ni "reformas de calado" que ayuden a aceptar el texto, aunque insistió en que su voluntad sigue siendo la de pactar. "Le pedimos que haga un esfuerzo", insistió la consejera madrileña.

Figar anunció que todos los consejeros del PP le habían entregado conjuntamente un decálogo con sus demandas ineludibles. Entre ellas, la de ampliar la red de centros concertados ("libertad de enseñanza de las familias"), que la lengua castellana sea el idioma "vehicular en todas las etapas educativas" para toda España y la de plantear una alternativa "clara" a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Con respecto a esta última materia, el ministro Gabilondo respondió que en los principales diagnósticos internacionales sobre los problemas de la enseñanza en España "no se alude a esta asignatura" entre las causas del fracaso escolar. E insistió en que no pretendía ser irónico con esa reflexión.

Gabilondo se mostró muy molesto con los conservadores por no asumir que para alcanzar un pacto deberán hacer concesiones y no demandar objetivos máximos: "Aquí [en la propuesta de pacto] ha renunciado todo el mundo, y muy seriamente".

El ministro criticó que el PP no se centre en abordar un debate educativo e incluya otras cuestiones, "como el modelo de Estado".

Como muestra de su voluntad de ceder para favorecer el consenso, el responsable de Educación resaltó que, de aprobarse esta propuesta de pacto, habría que reformular hasta 21 artículos de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada "legítimamente" por el Gobierno socialista.

El proceso para alcanzar definitivamente un pacto se acerca a su final, ya que el ministro insistió en que la fecha límite será a finales del próximo mes: "Mi horizonte temporal es que el final de marzo haya que decir que sí o que no". Antes de esa fecha, el ministro pretende completar una nueva ronda de reuniones con la comunidad educativa, representada en el Consejo Escolar, con todos los partidos políticos del arco parlamentario, con los agentes sociales y, de nuevo, con todas las autonomías.