El fraude fiscal alcanzó en España el 6% del PIB en 2012, según cálculos del Consejo Económico y Social (CES), a partir de los datos de la OCDE sobre economía sumergida, que para el caso español cifra en el 19,2% del PIB. Así se desprende del Informe sobre distribución de la renta en España recientemente aprobado por unanimidad de todos los grupos (empresarios, sindicatos, sociedad civil) presentes en el CES. El organismo indica que el fraude fiscal supone un 'lastre' para el sistema español, tanto por el lado de la suficiencia, por el importante volumen de recursos que la Hacienda española deja de recaudar, como por el lado de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no están sujetas a retención.

El CES apunta que la enorme diferencia entre la renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000 euros al año) y por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) se explicaría, al menos en parte, por la importancia del fenómeno de 'infradeclaración u ocultación de rentas' ligadas a la economía sumergida. Para el organismo, el fraude fiscal tiene 'fuertes efectos distorsionadores' de la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza ya que, cuando mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal para el resto de contribuyentes. También es contrario, añade, a la equitativa distribución de la renta porque se concentra en las fuentes de mayor riqueza.

El informe destaca que, hasta mediados de los 90, el sistema tributario español ha venido siendo más o menos proporcional o ligeramente progresivo, pero a partir de entonces, en línea con lo observado en otros países del entorno, se han acometido una serie de reformas en la imposición directa que han limitado el potencial recaudatorio del sistema tributario y su capacidad redistributiva.

De esta manera, apunta que tanto en el IRPF, con la reducción de tipos y tramos y las deducciones por planes de pensiones y vivienda que benefician a las rentas más altas, como en el Impuesto de Sociedades, donde han proliferado las deducciones que han rebajado el tipo efectivo del impuesto, las reformas han supuesto una caída de la recaudación y un aumento de la inequidad. Además, denuncia que la supresión del Impuesto de Patrimonio y la drástica limitación de la imposición sobre Sucesiones y Donaciones ha desembocado en la 'práctica eliminación' de la imposición sobre la riqueza en España.

En este contexto, la presión fiscal española pasó del 37% del PIB en 2007 (próxima a la media de la UE-27) hasta el 31,1% en 2011, casi ocho puntos por debajo de la media europea. No obstante, con los incrementos de impuestos aprobados en 2011 y 2012, la presión fiscal habría aumentado sensiblemente el pasado año, aunque previsiblemente hasta niveles todavía lejanos a los registrados antes de la crisis.

Por todo ello, el CES pide plantear una reforma 'en profundidad' del conjunto del sistema fiscal, 'equilibrado y con visión de largo plazo', frente a los cambios introducidos desde mayo de 2010 y a instancia de los sucesivos gobiernos, que se hicieron 'de manera precipitada, descoordinada y poco meditada', con la única finalidad de aumentar a corto plazo la recaudación para cumplir los objetivos de déficit.

En consecuencia, el organismo en el que están representados los agentes sociales exigen que se abra un debate sobre la oportunidad de acometer una reforma fiscal 'ampliamente consensuada', encaminada a aumentar la capacidad recaudatoria del sistema, la equidad en el reparto de la carga y su eficacia respecto al sistema productivo.