Cada día aparecen nuevas revelaciones en la prensa que demuestran lo viciado que está el sistema parlamentario británico. Al menos 42 miembros del Gobierno laborista, entre ministros y subsecretarios, reclamaron a la Oficina de Gastos del Parlamento los costes de los asesores fiscales que habían contratado para hacer sus declaraciones de la renta, informó ayer The Daily Telegraph. El escándalo ha provocado que Hacienda abra una investigación para esclarecer si los parlamentarios han cometido alguna ilegalidad.

Por su parte, los laboristas han abierto una comisión de investigación que juzgará a los diputados uno por uno, los obligará a devolver el dinero en el caso de que no hayan cumplido las normas y decidirá si pueden o no seguir representando a sus circunscripciones en las próximas elecciones.

En cualquier caso, hablar de normas en el Parlamento británico parece una banalidad. Hacienda, según el Telegraph, sostiene que, 'los gastos derivados de la presentación de la declaración de la renta personal no son deducibles de ningún modo según la ley'. Por tanto, los diputados no tienen ningún derecho a reclamarlo al erario público en sus cuentas de gastos.

Los laboristas señalados, con el apoyo de Brown, publicaron un comunicado en el que explicaban que este tipo de reclamaciones están permitidas según el Libro verde, una especie de santo grial de lo que está bien y lo que está mal en el Parlamento.

Pero ese libro, tras los últimos acontecimientos, parece más una guía de libre interpretación que una norma seria. 'La gente está harta de escuchar que todo se ha hecho según las normas', decía ayer el ex secretario del partido Laborista, David Gardner, a los micrófonos de la BBC.

'El Libro verde especifica claramente lo que está bien y lo que no, y hay muchos diputados que han roto las reglas', añadió el ex secretario.

Pero, por si cabía alguna duda, Hacienda dijo ayer que desde 2005 todos los diputados tienen un folleto explicativo sobre cómo deben hacer sus declaraciones.

En una conversación con el diario citado, Mike Waburtone, contable del grupo Grant Thornton, dijo que 'Hacienda edita folletos explicando meticulosamente lo que se puede reclamar y lo que no. Los diputados son responsables de las declaraciones de sus propios impuestos y de sus declaraciones de la renta, comocualquier otra persona'.

La pasividad que mostró el Gobierno durante las primeras semanas del escándalo ha empezado a desaparecer. La comisión de investigación citó ayer a los primeros cuatro diputados de una larga lista. Fueron Margaret Moran, Elliot Morley, Ian Gibson y David Chaytor.

La primera no acudió por encontrarse enferma, aunque envió a un representante en su lugar para explicar por qué reclamó 22.500 libras por reparaciones en su segunda residencia. Ya ha asegurado que las devolverá. Morley, por su parte, ha devuelto las 16.000 libras que solicitó para cubrir los intereses de su hipoteca, pero ha sido suspendido.

Gibson y Chaytor, que reclamaron dinero por la hipoteca de dos casas que ni siquiera existían, han puesto sus cargos a disposición del partido.

Los líderes de los tres principales partidos, el Laborista, el Conservador y el Liberal demócrata, explicaron ayer a los ciudadanos en The independent cuál es su posición frente a la crisis de las dietas.

Brown dijo estar 'convencido de que cuando la investigación acabe, cualquiera que haya actuado mal será castigado. Todos, cualquiera de nosotros, debe pasar eseexamen'.

Cameron retomó su discurso del día anterior prometiendo que su reforma empezará 'redistribuyendo el poder de los más poderosos a los menos poderosos'. Mientras, Nick Clegg habló de 'oportunidad histórica para revisar nuestro sistemapolítico'.

Mucho van a tener que trabajar. Ayer se supo que la diputada conservadora Julie Kirkbride contrató a su hermana como secretaria por 12.000 libras al año, pese a vivir a 160 kilómetros de su despacho. El también conservador John Greenaway gastó 512 libras en plantas para una casa que vendió al día siguiente de plantarlas.