La Fiscalía ve delito en 25 empresas por el fraude con las ayudas de la UE

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que investiga un fraude masivo en el uso por parte de las empresas de las ayudas europeas al fomento del empleo, ha detectado ya "alrededor de 25 casos" con trascendencia penal, informaron a Público fuentes judiciales. Ello supone que esta veintena larga de empresas -el número exacto está por cerrar- se exponen a denuncias penales por este caso de fraude. Al menos una de estas firmas, Qualytel, ya está siendo objeto de una investigación por parte de un juzgado de Cádiz por defraudar supuestamente 318.000 euros, como adelantó este diario el sábado.

A estas empresas que habrían cometido delitos en el uso de las ayudas se suman alrededor de 2.000 firmas sospechosas de fraude cuyas irregularidades no supondrían delito, sino infracción administrativa. Sólo en Cádiz, y sin contar el Campo de Gibraltar, la fiscalía provincial ha detectado irregularidades en la gestión de los fondos por parte de más de 500 empresas.

Uno de los criterios para establecer si se trata de un delito de fraude o de una infracción tributaria es puramente económico. A partir de 80.000 euros existe trascendencia penal. La cuantía del fraude detectado por la Guardia Civil en Andalucía supera los 25 millones de euros, según fuentes de la investigación. Hay empresas que ya han empezado a devolver el dinero defraudado. La Fiscalía del TSJA ultima la relación de las empresas para facilitársela a las fiscalías provinciales, que asumirán la investigación. Según dijo la pasada semana el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fraude afecta a todas las provincias andaluzas, menos Huelva.

La casuística del fraude es muy variada, pero en suma se trata de empresas que cobraron ayudas por contratar a trabajadores o por hacerlos fijos y luego incumplieron las condiciones, en ocasiones despidiéndolos después de recibir el dinero.

El fraude masivo en las ayudas al empleo apunta a errores graves en el control y la inspección por parte de la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo. El PP denuncia además que el caso está conectado con la trama de irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que investiga la jueza de Sevilla Mercedes Alaya. Antonio Sanz, número dos del PP andaluz, anunció ayer que su partido pedirá en el pleno de la próxima semana una comisión de investigación que se extienda "a la vinculación entre la red de los ERE y la formación para el empleo", informa Efe. Sanz reclamó un pleno extraordinario sobre el caso y la comparecencia en el mismo del presidente andaluz, José Antnio Griñán, "obligada" por el aumento del número de fraudes detectados en la tramitación de los ERE, 70. El número dos de Javier Arenas destacó que "el 54% de los ERE investigados [por la Junta, 19 de 35] están manchados por el presunto fraude".

Para el dirigente del PP-A, todos estos datos "manchan la gestión ya suficientemente dudosa y sospechosa de los consejeros de Empleo", un departamento que considera "viciado y manchado de corrupción" en todas sus políticas, "tanto en incentivos a la contratación como en formación, ayudas a empresas y programas sociolaborales".

Por otra parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, aseguró ayer que a pesar de venir reclamando desde hace "muchos años" a la Junta de Andalucía información sobre los distintos tipos de ayudas que se han dado a empresas, nunca la han conseguido.

Pastrana afirmó que, por esta razón, en el sindicato no tienen más información sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía del TSJA sobre el supuesto fraude en la concesión de subvenciones por la Unión Europea al empleo en Andalucía. El líder de UGT-A pidió que se aclare cuanto antes el caso e insistió en que llevan mucho tiempo reclamando información a la Junta "precisamente porque parecía inadmisible que empresas que recibían dinero público por distintos conceptos no permitieran el desarrollo de una actividad sindical".