La fiscalía se querella contra una fundación ligada a Unió

Las cuentas de UDC vuelven a estar bajo sospecha. La fiscalía de Barcelona hizo pública hoy una querella por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental contra 15 personas vinculadas a la Fundació Catalunya i Territori (FCT), muy cercana a Unió, la formación liderada por el portavoz de CiU en el Congreso y secretario general de la federación nacionalista, Josep Antoni Duran i Lleida. La fiscalía sospecha que el entramado de empresas y "facturas falsas" creado por los querellados podría haber tenido a Unió como "beneficiario a título lucrativo".

Según el fiscal, el presidente de la Fundación hasta 2007, Josep Boqué i Cos, junto a los vocales de la entidad, Joan Albert López Sanz y Miguel Angel Cortés, sustrajeron 1,7 millones de euros de la FCT para "engrosar las arcas" del grupo de empresas IMS. Para justificar tal movimiento de dinero, "emitieron facturas a FCT que no correspondían a la prestación de ningún servicio".

Además, dice el fiscal, "se contabilizaron como préstamos entregas de dinero desde la Fundación a IMS" y, en cambio, "ninguno de los préstamos fue documentado ni se especificaron plazos de devolución". Según la querella se trata "simplemente de apuntes contables destinados a procurar una superficial explicación a la salida de dinero".

El fiscal también precisa que la Fundación "es una institución profundamente afín en su ideario a las posiciones de UDC". Tanto es así, dice, que "muchos de los integrantes eran y son militantes de UDC" y miembros de la Fundación. Además, algunas sedes del partido pertenecen a FCT.

El origen de la querella se remonta a 2006, cuando la Agencia Tributaria inspeccionó cuentas de la Fundación y remitió un escrito a la fiscalía ante las irregularidades.

Cuando los querellados se dieron cuenta de que les investigaban "y considerando que resultaba inevitable el descubrimiento del desvío de fondos de la Fundación", decidieron redactar un documento en el que reconocían sus deudas.

López Sanz, en nombre del conglomerado de empresas IMS, se comprometió a abonar 1,1 millones de euros a FCT a razón de 200.000 euros anuales. Sin embargo, para el fiscal "llama la atención" que "no se incluyera" la deuda total, "algo más de 600.000 euros".

A partir de aquí, los acusados "convencieron" a José Coronado Mateu, administrador de la promotora COPISA, para pagar un millón de euros de los 1,8 millones que debían a la Fundación, "y sin que, en apariencia, la constructora recibiera contraprestación alguna por la entrega de tan generosa suma".

Para que esta operación tuviera visos de legalidad, los acusados urdieron, otra vez, "una simulación negocial" que consistió en que Xavier Soriano, también acusado y vinculado a la FCT, firmara un documento por el que obtuvo de COPISA un préstamo de un millón de euros a devolver en dos años y con la finalidad de buscar para la promotora proyectos en el norte de África.

Con este dinero, Soriano se hizo cargo de la deuda de la Fundación. Sin embrago, los trabajos para COPISA y por los que, en principio, había recibido ese dinero, nunca se llevaron a cabo.

Por otro lado, el fiscal también destaca que IMS solicitó en 2002 (cuando CiU estaba en el Govern) un crédito al Institut Català de Finances (ICF), el banco de la Generalitat, de un millón de euros: jamás especificaron el porqué. También presentaron facturas falsas para aparentar que el destino del dinero era legal.

El fiscal admite que no ha conseguido aclarar el destino del dinero, ya que "tan pronto entraban los fondos se convertían en dinero efectivo". Aunque sí destaca que algún dinero fue cobrado por Boqué i Cos y otro sirvió para pagar alguna deuda que UDC había contraído con la empresa Kontrast Produccions, dedicada a la organización de eventos.