La Fiscalía insta a flexibilizar las órdenes de alejamiento

La ínfima cantidad de denuncias falsas por violencia de género o la propuesta de flexibilizar las órdenes de alejamiento en temas de maltrato son algunas de las cuestiones sociales recogidas en la Memoria de 2010 de la Fiscalía General del Estado, que fue publicada ayer, coincidiendo con el inicio del año judicial.

El informe pone de manifiesto el descenso del número de mujeres que decidieron volver a convivir con su agresor, a pesar de que sobre estos pesara una orden de alejamiento: el porcentaje disminuyó del 15,9% en 2009 al 9,4% en 2010. Sin embargo, una de las propuestas que hace la Fiscalía pasa por la "flexibilización" de la normativa que impone el alejamiento de forma obligatoria, con la finalidad de evitar "quebrantamientos de condena".

La propuesta pretende evitar "quebrantamientos de condena"

La memoria recuerda que en los casos con sentencia firme no existe la posibilidad de suspender la prohibición de aproximación. Además, pone de manifiesto que, en algunos casos, cuando la víctima decide volver a vivir con su agresor porque no tienen medios económicos que les permitan estar separados, el cumplimiento de dicho alejamiento puede llegar a ser "imposible".

La propuesta de hacer más flexibles las órdenes de alejamiento se llevó las críticas de las expertas feministas. "Las órdenes de alejamiento sirven, precisamente, para proteger a las víctimas que dependen económica o emocionalmente de sus maltratadores", denunció ayer la presidenta de la Federación de Mujeres Progresitas, Yolanda Besteiro. "Por eso deben cumplirse o se perpetuará el maltrato", añadió.

Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, también está de acuerdo: "La vida de la víctima y su integridad física debe ser el bien jurídico que prime siempre". "Además, las víctimas de violencia de género a menudo no tienen la suficiente fuerza de voluntad para tomar las mejores decisiones para ellas mismas", argumentó.

La memoria dice que las denuncias falsas por maltrato son ínfimas

Otra de las propuestas de la Fiscalía es la de modificar la ley para impedir que las denunciantes se acojan a su derecho a no declarar en el juicio, con el fin, en este caso, de evitar absoluciones que no deberían serlo. Laura Nuño, que reconoce que el miedo a declarar de las víctimas es uno de los mayores problemas de la lucha contra la violencia de género, tiene sus reticencias. "Si obligas a alguien a declarar, puede que se retracte y que diga que nunca ha recibido un bofetón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Imputamos a la víctima por falso testimonio?", se cuestionó la experta.

La Fiscalía también pone de manifiesto que las críticas a la Ley Integral contra la Violencia de Género basadas en las denuncias falsas interpuestas por "hipotéticas víctimas" para "obtener privilegios" no tienen fundamento. "Ninguno de sus emisores aportaba dato alguno", reza el documento. En cambio, la memoria contabiliza menos de 30 denuncias falsas en dos años (2009 y 2010), lo que supone menos de un 0,01% del total de denuncias por maltrato.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también recuerda que el año pasado murieron 73 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y propone llevar a cabo un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia machista para "dar la más eficaz respuesta penal frente al maltratador, cuyo perfil no es todavía bien conocido".

El informe alerta también de la situación en los CIES

El informe denuncia también la "preocupación" de las fiscalías por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), que no son adecuados para "alojar a delincuentes penados". Y es que en dichos centros están obligados a convivir mientras esperan la fecha de su expulsión del país los inmigrantes sin papeles que han sido detenidos tras una simple identificación, con los que han cometido delitos graves.

Además de tratar el maltrato y la inmigración, la Fiscalía también ahonda en los problemas de los menores. Así, señala que los centros de internamiento reciben cada vez menos menores, ya que los jueces se decantan más por imponerles penas alternativas a la privación de libertad. Por último, la Fiscalía propone una modificación de la Ley del Menor para que se derogue el artículo que permite que a los menores se les aplique la detención incomunicada prevista para los casos de terrorismo en la Ley de Enjuiciamiento criminal.