La Fiscalía dice ahora que España sí puede juzgar Guantánamo

La Fiscalía presentó el mes pasado en los dos juzgados de la Audiencia Nacional que siguen causas contra el equipo del expresidente de EEUU George W. Bush por las torturas en Guantánamo sendos escritos en los que admite que España es competente para juzgar a los responsables del penal si nadie abre una investigación en EEUU.

La posición de la Fiscalía coin-cide con la que suele defender en los casos en que se alega jurisdicción universal, pero no había sido siempre así en la polémica causa de Guantánamo, que, según evidenciaron los cables filtrados por Wikileaks, generó una gran inquietud en el Gobierno de EEUU y en la propia Fiscalía. En su afán por bloquear la admisión a trámite de la querella en el Juzgado número 5, entonces dirigido por Baltasar Garzón, la Fiscalía presentó un recurso de apelación, el 13 de noviembre de 2009, en el que negaba tajantemente la mera posibilidad de que España pudiera juzgar las torturas de Guantánamo y, en consecuencia, pedía el archivo sin más dilación.

Dos juzgados siguen causas contra el equipo de George Bush

"De conformidad con la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre que da nueva redacción a los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se cumplen los requisitos introducidos por la ley en el apartado segundo del citado artículo 23.4, por lo que careciendo de jurisdicción, no es posible la admisión a trámite de la querella", sostenía el fiscal en noviembre de 2009.

Este recurso de apelación sigue sin resolverse, pero 15 meses después, la Fiscalía admite que, pese a dicha reforma que endureció la aplicación de la jurisdicción universal, España sí podría juzgar Guantánamo si nadie lo hace en EEUU.

En el escrito presentado el mes pasado al mismo Juzgado número 5, que ahora dirige el juez Pablo Ruz, la Fiscalía pide incluso la declaración de Lahcen Ikassrien, el expreso de Guantánamo origen de la querella. Y para justificar la apelación que hizo en su día, ya no cita la falta de jurisdicción de España, sino que esgrime una cuestión de mera competencia: le correspondería al Juzgado número 6 en lugar de al 5.

La Sala de lo Penal cambia al ponente que verá el recurso de impugnación

En este otro juzgado ha asumido una causa similar Eloy Velasco, que aún no ha decidido si la admite a trámite. Y también el mes pasado, la Fiscalía solicitó al juez que "pida informe a EEUU sobre si se ha procedido a nombrar un fiscal especial para investigar los hechos ocurridos en Guantánamo". Ninguna referencia, pues, al tajante recurso de 2009 en la causa gemela del Juzgado 5, que sostenía que la reforma legal emprendida exigía el archivo inmediato por falta de jurisdicción.

Fuentes jurídicas subrayan que la posición de fondo de la Fiscalía ha sido siempre la misma: tratar de evitar que la causa recayera en Garzón y defender ante cualquier otro juez el archivo si EEUU diera indicios de que ha emprendido algún tipo de investigación, por leve que sea. Otras fuentes de la Fiscalía admiten que la contundencia de aquella pugna con Garzón provocó excesos que ahora son contraproducentes en la medida que su objetivo sigue siendo el archivo.

El relevo se explica por un error técnico que tiene su origen en la reprografía

La difusión, el pasado diciembre, de los cables secretos de la Embajada de EEUU a través de Wikileaks, puso de manifiesto la hiperactividad de la embajada para abortar la causa. Según esta versión, nunca aceptada por la Fiscalía, el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, admitió ante los diplomáticos de EEUU que "la querella está bien documentada" y que no tendría "otra opción más que abrir el caso".

Siempre según los cables filtrados, Zaragoza recomendó incluso una "única salida" para evitarlo: que EEUU abriera su propia investigación. Además, supuestamente se comprometió a intentar evitar que la causa recayera en Garzón. La consecuencia de este forcejeo entre el juez y la Fiscalía es que hoy existen dos causas gemelas: una en el antiguo juzgado de Garzón y otra en el de Eloy Velasco.

Tras la publicación de los documentos secretos de Wikileaks, el pasado diciembre, la Fiscalía difundió un exhaustivo informe aportando su propia versión. En este documento subrayaba que cuando se opuso a que el juzgado de Garzón recibiera el caso lo hizo "sin cuestionar en ningún momento la jurisdicción de los tribunales españoles", aunque obvió que luego, cuando cambió la ley, sí la cuestionó.

En el mismo documento, al detallar los motivos por los que presentó el recurso de apelación, vuelve a obviar que exigió el archivo por falta de jurisdicción. Y de nuevo lo olvida en el recurso presentado el mes pasado, en el que hace una síntesis de los motivos que esgrimió en noviembre de 2009 sin incluir que también alegó falta de jurisdicción tras la reforma legal.

Ese recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sigue sin resolverse. Estuvo 13 meses hibernado hasta que el pasado 12 de enero se designó ponente a Javier Gómez Bermúdez, una decisión controvertida porque, según los papeles de Wikileaks, la Embajada de EEUU le consideraba muy próximo.

Sin embargo, el día 21 se cambió al ponente y se nombró a Fernando García Nicolás, alegando que un fallo técnico contaminó el reparto: "Por error [el recurso] no se incoó formalmente al haberlo tenido que remitir en su día varias veces al servicio de reprografía y, después, ser fotocopiado".

Recurso del 13/11/2009 

El 29 de octubre de 2009, Baltasar Garzón admitió a trámite la querella de Guantánamo y muy poco después, el 4 de noviembre, entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que endurecía las condiciones para alegar jurisdicción universal. En su recurso al auto de Garzón, el fiscal ya esgrimió dicha reforma para concluir, tajante, que "careciendo de jurisdicción, no es posible la admisión a trámite". 

Escrito del 07/01/2011 

En el último escrito presentado en el Juzgado número 5 que instruye la causa de Guantánamo, el fiscal ya no cuestiona la jurisdicción, sino sólo la competencia y considera que el caso debe verse en el Juzgado 6, al que "por reparto se le atribuyó". Dicha atribución fue antes de la reforma legal que dificulta alegar jurisdicción universal, pero en el nuevo escrito ya no se alega, como en el de 2009, falta de jurisdicción.