El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos ha pedido hoy condenar a 1.120 años de prisión a Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastian que, al cometer el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas, hicieron "saltar por los aires la esperanza" del fin de la violencia de ETA.

Así lo ha manifestado el fiscal en la última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia y en el que ha imputado a los tres presuntos terroristas dos delitos de asesinato por la muerte de los ciudadanos ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, 52 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas.

Según el representante del Ministerio Público, que reclama además que los acusados indemnicen con 500.000 euros a los familiares de cada uno de los fallecidos, existe una "abundante, contundente, independiente y unívoca prueba" de su participación en la acción terrorista.

El atentado de la T-4, ocurrido el 30 de diciembre de 2006, no sólo "segó" la vida de dos personas y estuvo a punto de hacerlo con la de otras 52, sino que "hizo saltar por los aires la esperanza de tantos ciudadanos que veían que la violencia de ETA podía llegar a su fin", ha señalado en referencia a que supuso el final del alto el fuego declarado por la banda.

Los propios autores, ha proseguido, "sabían lo que llevaban entre manos y las consecuencias que querían causar" y ellos mismos reconocieron los "daños, lesiones y las muertes" que buscaban, tal y como demostraron en las llamadas en las que Portu -con un grado de posibilidad del 98 por ciento, según los peritos que las analizaron- avisó de la colocación de una furgoneta-bomba "de gran potencia".

Campos también ha aludido a las torturas alegadas por los acusados para afirmar que, si bien su tolerancia "es cero" con respecto a los malos tratos, no se puede "caer en la trampa" de ETA porque es una "práctica habitual" que la banda instruya a sus miembros para que las denuncien cuando son detenidos.

No obstante, ha insistido en que existe "todo un material probatorio" independiente de las declaraciones "autoinculpatorias" de Sarasola -que como Portu ha denunciado torturas cuando fue detenido en enero de 2008-, ante la Guardia Civil y en la Audiencia Nacional.

De esta forma, ha enumerado el contrato de un vehículo de alquiler a nombre de Portu, con el que efectuaron el segundo de los "reconocimientos del itinerario" hasta el aeropuerto o las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la terminal en las que se aprecia un individuo cuyas características, aunque desvirtuadas por un disfraz, son "perfectamente compatibles" con las de Sarasola.

Ha mencionado también los dos revólveres incautados a Portu y Sarasola cuando fueron arrestados, así como otros materiales intervenidos en sus domicilios, como un plano con el itinerario que siguieron hasta Barajas por carreteras secundarias de Castilla y León o la anotación hallada en casa de San Sebastián con los números de teléfono donde ETA realizó sus llamadas de aviso.

Estos argumentos han sido compartidos por la representante de la Abogacía del Estado, que ha afirmado que existen pruebas suficientes de la pertenencia de los tres acusados a ETA, así como por las ocho acusaciones particulares y la popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

No obstante, la defensa de los supuestos etarras, para quienes ha pedido la libre absolución, ha calificado de "torticera" la actitud de las acusaciones de negar "todas las denuncias" por torturas presentadas por miembros de ETA y ha cuestionado que Sarasola declarara "espontánea y voluntariamente" -tal y como dijo el abogado de oficio que le asistió en su declaración policial- todos los detalles del atentado y delatara a sus propios compañeros.

Por ello, ha pedido a la sala excluir de su valoración la declaración policial de Sarasola y todas las pruebas referentes a las torturas porque ya se investigan en una causa independiente abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián contra quince guardias civiles que intervinieron en su detención y traslado, cuatro de los cuales se enfrentan a penas de entre dos y tres años de prisión solicitados por la Fiscalía de Guipúzcoa.

Al término del juicio, Verónica Arequipa, novia de Estacio, ha dicho en declaraciones a los periodistas que ha sido muy duro ver a los presuntos asesinos "muy tranquilos" y ha acusado al Estado de negligencia por considerar que si la Policía la hubiera alertado en el aeropuerto del aviso de bomba, habría podido telefonear a su novio para que abandonara el aparcamiento y evitar así su muerte.