Este artículo se publicó hace 17 años.
Fernández de la Vega dice que el Gobierno no suprimirá la oposición y trata de mejorar el acceso a la judicatura
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho hoy que el Ejecutivo no se plantea suprimir las oposiciones a la judicatura sino que ha expresado una reflexión sobre la necesidad de mejorar los sistemas de acceso a esta carrera para que haya más y mejores jueces.
Fernández de la Vega se ha referido así, en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Efe, al anuncio que realizó ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que si el PSOE gana las elecciones impulsará una reforma del sistema de acceso a la judicatura que permitirá a los licenciados con mejores expedientes académicos acceder a la carrera judicial sin necesidad de opositar.
La vicepresidenta primera ha aclarado que no se ha decidido nada sobre esta cuestión y ha negado que se trate de "una ocurrencia", sino de una reflexión "que no es de hoy", que "viene de muy antiguo" y que "todos compartimos".
"Necesitamos más jueces, mejores jueces y mejorar los sistemas de acceso a la judicatura", ha añadido Fernández de la Vega, quien ha recordado que el Gobierno ha creado mil plazas en esta legislatura y "no se han cubierto todas".
A su juicio, "no hay incentivos" para que los jóvenes se decidan por esta carrera ya que "tienen que pasar mucho tiempo estudiando para una oposición muy memorística", y la cuestión está en reflexionar sobre los mecanismos que se pueden establecer para incentivar que accedan, "y que accedan los mejores".
"Queremos a los mejores y que estén lo mejor formados posible. Hay muchas vías de formar, no sólo por una oposición memorística, puede ser un examen, puede haber luego un periodo de formación en la escuela como existe en otros países", ha manifestado.
Respecto a la decisión del Gobierno de recusar a dos magistrados del Tribunal Constitucional ha recalcado que ha actuado "en el ámbito de sus competencias y de lo dispuesto en la ley" y que lo ha hecho para "proteger y garantizar la imparcialidad judicial".
Ha hecho hincapié en que el Gobierno ha actuado "con motivación, en el ámbito de la ley y de forma responsable" para "poner de manifiesto que aquí puede haber un problema de falta de imparcialidad".
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