Exteriores impide que las víctimas del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina

Franco sigue impune. Las declaraciones de víctimas del franquismo ante la Justicia argentina, que debían comenzar en la mañana de este miércoles en el marco de la causa contra la dictadura abierta en Argentina, han sido suspendidas por orden de la juez María Servini instantes antes de que dieran comienzo. Según ha podido saber Público, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una nota verbal al embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, mostrando su rechazo a la toma de declaración de las víctimas al no respetar el “tratado bilateral de extradicción y asistencia judicial en materia penal de 1987” que, a juicio del Gobierno español, obliga a Argentina a cursar una solicitud mediante comisión rogatoria para poder realizar las videoconferencias.  

La nota, firmada por el director de Asuntos Consulares del Gobierno español, ha surtido el efecto deseado en el embajador argentino, Carlos Bettini, quien ha telefoneado de manera inmediata a la juez argentina María Servini, que se encontraba en esos instantes en su despacho de Buenos Aires con “todo dispuesto para tomar declaración” mediante videoconferencia.

El embajador argentino ha trasladado a la juez el "malestar" de las autoridades españolas

Según ha podido saber Público, a lo largo de esta conversación telefónica el embajador ha trasladado a la juez “el descontento y el malestar que causaba en las autoridades” españolas el método utilizado por la juez para tomar declaración a las víctimas del franquismo al encontrarse “fuera del tratado bilateral suscrito por ambos países”. Asimismo, el embajador ha señalado a la juez que si las videoconferencias se realizaban “podrían resultar nulas” y “afectar a los derechos de ciudadanos españoles”. Finalmente, el embajador también ha trasladado a la juez que el Ministerio de Asuntos Exteriores español presentará una queja formal por este hecho.

La suspensión de las videoconferencias ha sido recibida por las tres víctimas que debían declarar este miércoles cuando se encontraban en el propio Consulado argentino, junto a sus abogados, dispuestos a declarar. Las víctimas que tenían que declarar este miércoles eran Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales. Sin embargo, la cita fue aplazada, en un primer momento, por unos supuestos “problemas técnicos”. Finalmente, se ha conocido que estos problemas técnicos han sido las presiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Garcia-Margallo, para que las videoconferencias no se produzcan.

La reacción del abogado de las víctimas del franquismo en la querella presentada en Argentina, Carlos Slepoy, no se ha hecho esperar. El letrado, en conversación telefónica con Público, ha calificado el argumento del Ministerio de Exteriores como “pueril”.

“No tiene sentido de ninguna manera. El Gobierno argentino no tiene por qué comunicar absolutamente nada al Gobierno español”, ha señalado Slepoy, que ha añadido que al tratarse de unas videoconferencias realizadas en suelo argentino (el Consulado) en una causa abierta en Argentina el permiso o la autorización del Gobierno español no es necesario.

"El argumento del Gobierno español es absolutamente pueril", ha señalado Carlos Slepoy“Lo grave es que el Gobierno español haya querido parar esto y que haya planteado una especie de queja o conflicto diplomático y que, por otra parte, el embajador de Argentina en Madrid haya sido sensible a las presiones del Gobierno español. Esto es lo grave”, ha añadido el abogado.

Finalmente, Slepoy también ha querido remarcar que si se avanza en el proceso judicial abierto en Argentina y finalmente se pide la extradicción de los exministros, jueces y torturadores del franquismo que aún sigues vivos y que han sido reclamado los querellantes es entonces cuando entra en vigor el tratado bilateral suscrito por ambos países y cuando debe realizarse la comisión rogatoria. "Ahí se van a terminar las excusas para tratar paralizar esto”, ha agregado Slepoy.

La maniobra del Gobierno español ha conseguido suspender las declaraciones que debían producirse hoy. No obstante, según han señalado los abogados, el “Gobierno español no podrá evitar” que las víctimas del franquismo testifiquen ante la Justicia argentina a finales del mes de mayo cuando una delegación de las víctimas y querellantes viajará a Argentina para continuar con los tramites del proceso.

Los testimonios de las víctimas (la juez había citado a doce de ellos) tratan de demostrar la existencia de un plan determinado de genocidio o crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y la posterior represión; el sometimiento de los vencidos a trabajos forzados; el robo de niños durante la dictadura; y la necesidad de imputar como responsables de asesinatos y torturas a exministros como Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria, y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich.