Los espiados se revuelven contra Aguirre

Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. Ayer lo pudo comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.

Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.

El vicealcalde quiere que se equipare su espionaje al de Ignacio González

No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".

"Igual de infame y mafioso"

El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.

El Gobierno regional insiste en que nunca hubo seguimientos

Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".

Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. Ayer, en declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.

La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.

González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".