Un estudio elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam y Fundación per la Pau denuncia que España continúa vendiendo material militar a países inmersos en conflictos militares, en contra de la ley en sentido contrario que aprobó en 2007. Es el caso de Israel (2,3 millones de euros), Colombia (31 millones de euros) y Sri Lanka (4 millones de euros). El informe exige al Gobierno que aclare los criterios para estas transacciones.

También critica que se haya vendido material de caza por valor de 15 millones de euros en los últimos cinco años a Ghana, ya que 'el Gobierno ha reconocido que parte de este material se reexporta a Nigeria', explica Mabel Bustelo, de Greenpeace. Además, las ONG piden 'una garantía de que este material no será desviado a países del entorno con situación de conflicto o post-conflicto en las que puede ser utilizado indebidamente'.

Las cuatro organizaciones valoran que las estadísticas anuales incorporen los datos sobre las transferencias de armas de caza y tiro deportivo, sometidas a control por primera vez en 2008. También, califica como 'positivo' la decisión del Ejecutivo y el Parlamento español de poner fin a la fabricación y a la exportación de bombas de racimo.

Por último, las ONG presentaron un decálogo de propuestas dirigidas a mejorar el grado de transparencia de las actuaciones del Ejecutivo en este campo. En este decálogo se insta al Gobierno a desempeñar un papel activo en el proceso de elaboración de un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA).