Este artículo se publicó hace 3 años.
ERC negocia con el Gobierno la financiación anticipada de producción en catalán
Se busca una fórmula que permita obligar a las plataformas audiovisuales a que destinen un porcentaje concreto de la financiación anticipada de producción audiovisual europea a contenidos en catalán.
El objetivo es desbloquear el acuerdo sobre la Ley Audiovisual. Un acuerdo que en las últimas semanas se ha visto frenado por las discrepancias en torno a la cuota de obra audiovisual en catalán en emisión o en catálogo.
Se busca una fórmula que permita obligar a las plataformas audiovisuales a que destinen un porcentaje concreto de la financiación anticipada de producción audiovisual europea a contenidos en catalán.
Hasta la fecha, la ley dictaba que las televisiones tradicionales debían cumplir con unas cuotas mínimas de horas de emisión de producciones europeas, incluidos unos porcentajes en lengua oficial y lenguas cooficiales del Estado.
Dicha obligación que se mantiene: un 51% para obra europea; de este porcentaje, al menos la mitad (un 25,5% del total) en lengua oficial o cooficiales y, en el caso de la televisión pública, un mínimo del 15% de esa subcuota a obras en lenguas cooficiales (3,8% del total), según el texto del anteproyecto que vio el Consejo de Ministros.
Ahora la novedad es que la obligación se extiende a las plataformas, pero como estas no tienen emisión tradicional, se impone un porcentaje de obra europea sobre el catálogo disponible.
Sin embargo, tal y como está redactado el texto y dadas las limitaciones que estipula la directiva europea de origen, estas cuotas sobre el catálogo solo afectan a las plataformas con sede en España, pero no a multinacionales como Netflix, HBO o Disney.
Fuentes de ERC informan de que las negociaciones van camino de reconducirse. La discusión ahora radica sobre la obligación –que ya tenían las televisiones tradicionales y que también tendrán las plataformas– de invertir en financiación anticipada de producción audiovisual europea, siempre y cuando generen unos ingresos mínimos.
Y ofrece varias opciones para ello de forma generalizada: participación directa en la producción de las obras, adquisición de los derechos de explotación o contribución al Fondo de Protección a la Cinematografía, del que salen las ayudas al cine.
Se equipara a televisiones privadas y plataformas en la obligación de destinar un 5% de su recaudación a financiar obra audiovisual por cualquiera de las tres vías mencionadas, siempre y cuando sus ingresos anuales sean de al menos 10 millones de euros.
De ese 5%, al menos un 70% (3,5% del total) tendrá que ser para producción independiente en lengua oficial o lenguas cooficiales. Y según fuentes de ERC, de ese 70%, el Gobierno propone destinar anualmente un 10% a producción en catalán, un porcentaje que los republicanos consideran que debe elevarse, y para ello siguen negociando.
En la ley, además, hay una disposición adicional que prevé la posibilidad de establecer programas de ayudas al subtitulado o doblaje de las obras audiovisuales en estas lenguas.
El acuerdo, aseguran desde ERC, también debe pasar por crear un fondo para doblaje en lenguas cooficiales, así como por establecer la obligatoriedad de introducir en las plataformas producción ya existente en estas lenguas.
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