Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo de Madrid desde diciembre de 2003 hasta su dimisión en octubre de 2006, se ha visto de nuevo envuelto en un presunto delito urbanístico. Retirado de la política, es el principal implicado en el caso Porto, al que dio nombre y donde se le investiga desde hace tres años por beneficiarse de la recalificación de unos terrenos de su propiedad que él mismo desbloqueó en el municipio de Villanueva de la Cañada. Ahora, Porto deberá comparecer ante el juez número 4 de Instrucción de El Escorial, que el pasado día 13 ordenó citarlo en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística.

El magistrado, que ha reabierto el caso tras un sobreseimiento provisional dictado por otra juez y al que se opuso la Fiscalía, indaga si Porto y otros cargos prevaricaron al bloquear indebidamente entre 2003 y 2008 la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Entre los imputados figura el sucesor de Porto que tampoco ocupa ya el cargo así como ediles del anterior equipo de El Escorial (PSOE-IU) y del actual (PP).

A preguntas de Público, la Consejería de Ordenación del Territorio subrayó su convicción de que el caso no prosperará, porque 'los usos hosteleros en edificios de valor arquitectónico situados en suelo no urbano protegido estuvieron prohibidos hasta julio de 2007', cuando se modificó la Ley del Suelo mediante la Ley de Medidas Urgentes. El propietario de El Enebral y denunciante del caso, DiegoGuillamón, sostiene que la norma original ya autorizaba los establecimientos de turismo rural.

El Ayuntamiento de El Escorial había aprobado en diciembre de 2003 la modificación de las Normas Subsidiarias para reconvertir El Enebral en hotel: no hubo informes contrarios de la Comunidad, pero sí una petición encadenada de nuevos informes que demoraron la aprobación definitiva hasta diciembre de 2008. La Comunidad asegura que el trámite fue el correcto. ¿Por qué si el proyecto era ilegal nadie avisó a El Escorial? Porque el procedimiento no lo prevé, dice la consejería.

El empresario Guillamón fue quien acudió a la Fiscalía en diciembre de 2007. Según su versión, la Comunidad retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación 'para favorecer a La Granjilla', una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no figura en la denuncia. La modificación no afecta a La Granjilla, cuyo grado de protección es superior.