Empleados de una residencia de mayores de Madrid se encierran en el centro por la falta de personal

Medio centenar de empleados se ha encerrado en la Residencia de Mayores Reina Sofía de Las Rozas, dependiente de la Comunidad de Madrid, para reclamar más personal a la Consejería de Asuntos Sociales. En las reivindicaciones que han hecho llegar tanto a este departamento como al director de la residencia, está la "discriminación" que sufren  desde que se aplicó el aumento de la jornada laboral, a raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley. "No nos dejan conciliar la vida laboral y familiar", indican en el escrito.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa, Juan Carlos Herranz, ha indicado que las 500 plazas con la que cuenta el centro, 432 están ocupadas por mayores con alta dependencia, mientras que "hace tres años" eran 166 los residentes con estas condiciones. "La plantilla sigue siendo de 255 trabajadores", ha dicho. En este sentido, el portavoz de los trabajadores ha señalado que no tienen dos días de libranza seguidos y que no se ha incrementado la plantilla en función de los ingresos de grandes dependientes en el centro.

Herranz también ha señalado que los trabajadores permanecerán encerrados en el edificio hasta las ocho de la mañana del sábado. Su intención es volverse a encerrar el próximo fin de semana y realizar turnos rotativos en sucesivas fechas hasta que la Consejería negocie con ellos.

"La situación repercute en la atención al residente", advierten

En el escrito de reivindicaciones, aluden a la existencia de un informe elaborado por el Servicio de Prevención de la Comunidad de Madrid en el que, según Herranz, se especifica que tienen "unas condiciones de trabajo muy adecuadas". Con todo ello, solicitan a la Consejería que se elaboren las plantillas mensuales y anuales con suficiente antelación" para organizar su vida familiar y poder conciliarla con su horario laboral. Así, indican que al no haberse cubierto 26 vacantes y 13 excedencias y haberse programado reducciones de jornadas, la situación "repercute en la atención al residente".

"La gerencia se reúne con el comité de empresa y no negocia. Desde donde ellos están situados no ven que nosotros estamos trabajando con personas, no son máquinas y tornillos. Tienen un punto de vista diferente al nuestro. No negocian, imponen", ha concluido el presidente del Comité de Empresa.

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, el director del Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, Américo Puente, ve una "difícil solución" al conflicto porque los trabajadores "quieren solapar turnos" y "no se pueden solapar turnos".

"Le veo difícil solución por que la premisa de la otra parte es solapar turnos y eso no es posible porque nosotros tenemos que mantener la atención también los fines de semana. Solapar turnos equivale a doblar la presencia de plantilla durante media hora y eso no contribuye a nada", ha explicado.

La Consejería de Asuntos Sociales asegura que sí se ha aumentado la plantilla

Puente ha indicado que el incremento de jornada laboral se debe a la aplicación de la nueva normativa, que ha supuesto el paso de 224 a 239 jornadas anuales para la plantilla. "Estamos hablando de una residencia que atiende a ancianos, que en su mayoría son dependientes. El trabajo con ellos no depende de sábado o domingo, entiende de que ellos requieren unos cuidado de 24 horas al día y 7 días a la semana", ha añadido. En cuanto a la petición de incrementar el personal del centro, Puente ha asegurado que "se ha aumentado la plantilla de personal". "Ha sido un incremento paulatino", ha asegurado.

"Se puede constatar con datos objetivos que la plantilla ha aumentado, incluso en una función troncal como la labor del auxiliar de enfermería, el número de horas por año ha aumentado más de un 20%, en parte porque se ha aumentado la jornada laboral y en parte porque se ha aumentado en efectivos en algunas categorías", ha relatado.

Puente ha afirmado que la Consejería "lamenta" el conflicto y que "no nos podemos saltar las leyes". "Lo que lamento es que este tipo de acciones que se llevan a cabo en centros donde residen personas mayores, vulnerables, esto supone una alteración absolutamente innecesaria de su vida diaria. Existen otros medios para negociar o para llegar a acuerdos ante la justicia o donde se estime", ha concluido.