Economía estudia avalar la deuda de los municipios

El Gobierno trabaja a marchas forzadas para encontrar una vía de escape a la burbuja de deudas que las corporaciones municipales han creado frente a sus proveedores del sector privado.

Economía está estudiando la posibilidad de avalar, a través del ICO, las deudas municipales para que las pymes puedan acudir ante las entidades de crédito con el fin de que éstas, a su vez, les faciliten liquidez en base a esa deuda avalada.

Economía no está dipuesta a avalar cualquier tipo de deuda 

Pero, de aprobar esta medida solicitada por las pymes sería con condiciones: Economía no está dipuesta a avalar cualquier tipo de deuda o, más bien, la generada por cualquier tipo de licitación, como aquellas que hayan realizado los ayuntamientos de forma “injustificada”.

Muchas pequeñas empresas han estado sorteando hasta ahora la mora de los Ayuntamientos gracias al respaldo de los pagarés, que los bancos aceptaban como garantía a la hora de conceder líneas de crédito, conocidas como líneas de descuento.

Según denuncian patronales sectoriales de las pymes, los bancos ya no aceptan estos pagarés para otorgar nuevos créditos y, además, la morosidad de muchos ayuntamientos se ha ido alargando hasta superar el medio año. Con el agua al cuello, los empresarios han llevado al Gobierno su demanda de que el Estado avale  esas deudas.

El titular del ramo, Pedro Solbes apeló ayer a la “corresponsabilidad fiscal” entre administraciones durante su comparecencia en el Congreso, instado por CiU a mediar entre empresas y ayuntamientos. En su opinión, “no es coherente” que una administración genere problemas y luego “vengan otros a resolvérselos”. Por eso, el plan que agilice la liquidez  de los ayuntamientos tiene que discriminar, en opinión de Solbes, a aquellas operaciones “que no deberían haber hecho”. “¿Corresponde al Estado responder de presupuestos inadecuados?”, se preguntó.

Las reservas de Solbes chocan con la premura de los empresarios, que recuerdan que llevan años ejerciendo de “banca” para los ayuntamientos y esa dinámica se ha roto porque es a ellos a los que ahora no les llega el crédito.

La costumbre ha sido que los ayuntamientos contrataban a un proveedor y, cuando el plazo consignado para el pago se iba por encima de los 60 días, (lo que ya está dentro de la consideración de mora legal) le entregan un pagaré por el importe de la transacción.

Coste cero para el Estado 

En principio, el aval no supondría un coste para el Estado ya que no se da el dinero sino que se garantiza. Y, así, Economía no rescata a los alcaldes de no pagar sus compromisos, a no ser que la corporación municipal se declare insolvente.

Las comunidades implicadas

Además de este plan, los Ayuntamientos están en negociaciones con las Comunidades Autónomas para que éstas les paguen parte de los servicios que prestan por cuestiones de su competencia (sanidad, educación, etc.).

Según el presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Pedro Castro, este importe asciende a 7.000 millones de euros y están en trámites con todas las comunidades para que les transfieran una parte. Andalucía, dice, es la que más ha avanzado en la negociación (y una de las que tiene ayuntamientos más endeudados).