Una madre recoge firmas para que las faltas de ortografía no cuenten para la nota de su hijo con dislexia

MADRID.- La madrileña Pilar Aguado, madre de un joven de 15 años con dislexia, un trastorno del aprendizaje de la lectura y escritura, ha recogido en la plataforma Change.org más de 39.800 firmas para pedir que las faltas de ortografía no cuenten para la nota de los exámenes realizados por los alumnos con dislexia.

En España, entre un 5 y un 10% de la población (más de 3 millones de personas) sufre este problema de aprendizaje de origen neurológico que se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras y por problemas de descodificación y de escritura. El presidente de la Federación Española de Dislexia, Jesús Gonzalo Ocampos, calcula que de ellos, unos 800.000 son niños en edad escolar.

Al matricularse en el colegio, a estos menores se les exige el mismo nivel de habilidades de lectura y escritura que a sus compañeros sin dislexia y se encuentran con la "barrera" de las faltas de ortografía que en algunas comunidades autónomas cuentan en la nota del examen, provocando que niños con un notable o un bien desciendan hasta el aprobado o el insuficiente.

Este es el caso de Diego, el hijo de Pilar, que desde que fue diagnosticado a los 9 años de dislexia, discalculia (dificultad para el cálculo) y Trastorno por Déficit de Atención, ve cómo sus buenas calificaciones se convierten en muchas ocasiones en suspensos debido a las faltas de ortografía. Así, aunque nunca ha repetido curso, el poco reconocimiento de su esfuerzo genera en él "frustración y desmotivación", según explica su madre.

En España, entre un 5 y un 10% de la población sufre este problema de aprendizaje de origen neurológico

Según explica el presidente de la FEDIS, la mitad del fracaso escolar en España se produce por una "inadecuada" atención a estos menores con dislexia u otros trastornos del aprendizaje que viene propiciada por el hecho de que entre el 80 y el 90% de los profesores no tiene conocimientos adecuados sobre estas dificultades.

"Como madre de un niño disléxico, considero que del mismo modo que a un miope no le vas a quitar las gafas para hacer un examen, a un disléxico no le deberían descontar las faltas de ortografía cuando hace un examen. Y mucho menos hasta el punto de hacerle suspender", reza la petición publicada hace seis meses en Change.org.

Algunas de las alternativas que plantean desde FEDIS es que los profesores realicen pruebas orales a estos estudiantes con dislexia, que les concedan más tiempo para finalizar el examen o respondan a sus dudas durante la evaluación, tal y como se hace ya en las pruebas de Selectividad de algunas comunidades autónomas.

El presidente de FEDIS considera "difícil" que estas reivindicaciones concretas -como, por ejemplo, que no cuenten las faltas de ortografía- se incluyan en una ley a nivel nacional, aunque cree que tampoco es necesario porque la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ya obliga a la inclusión e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.

Así lo recoge el artículo 79 bis de esta norma, que hace recaer sobre las administraciones educativas la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades, rigiéndose por los principios de "normalización e inclusión" y asegurando su "no discriminación".

Sin embargo, en la práctica, los padres de estos niños denuncian "falta de comprensión" en algunos centros educativos en los que, según señalan, se confunde el caso de sus hijos con "vaguería". En cualquier caso, muchos de estos chicos siguen esforzándose, como Diego, que tiene claro que quiere dedicarse a la ingeniería, pero que debido a su frustración ha descartado matricularse en Bachillerato.

Mientras tanto, su madre, Pilar, seguirá intentando luchar para que su hijo vea reconocido su esfuerzo y espera alcanzar las 50.000 firmas para llevarlas ante la Asamblea de Madrid.