Dimite la mitad de la dirección de Izquierda Unida en Extremadura

El rompecabezas extremeño vuelve a colarse en la agenda de Izquierda Unida. El domingo, la mitad de la Presidencia Ejecutiva Regional presentó su dimisión, noticia que trascendió ayer lunes.

En total, ocho dirigentes formalizaron su renuncia, de los 17 que integran el órgano –incluido el coordinador regional, Pedro Escobar–. De los dimisionarios, tres pertenecen a la asamblea de Mérida –Miguel Ángel Herrera, Álvaro Vázquez y Rafael González–; tres, a la de Cáceres (Luis Gibello, Margarita González-Jubete y Arístides García), uno, a la de Badajoz, Manuel Sosa –que ya pidió su reemplazo en septiembre, pero esperó a que pasara el 20-N–, y otro a la de Plasencia, Luis Ranilla. Sólo cuatro de ellos son concejales en sus ciudades (Vázquez, Sosa, González-Jubete y Ranilla).

Enseguida circuló la pregunta obvia: ¿por qué? Y enseguida aparecieron las visiones contrapuestas. Escobar señaló a Público "en ningún caso" se trataba de ceses, sino de dimisiones voluntarias, y que todo obedece a la necesidad de "reorganizar la dirección", tarea pendiente desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo, cuando se aumentó la representación en ayuntamientos y se reingresó en la Asamblea de Extremadura con tres diputados. "Es difícil ser un único concejal de IU en una localidad y compatibilizarlo con un puesto en la Presidencia". Fuentes del equipo de Escobar aludían a su voluntad de rodearse de "personas de su estricta confianza", una prerrogativa que le confieren los estatutos. En unos 15 días, las ocho personas que han salido de la cúpula serán sustituidas.

Los resultados del 20-N

Un dimisionario censura la "excesiva laxitud" con el PP, Escobar habla de reestructura interna

Desde la dirección federal, su secretario de Organización, Miguel Reneses, atribuyó las dimisiones a otra razón: el "descontento con el trabajo de oposición al PP y la confrontación con las políticas neoliberales". Dicho de forma menos alambicada: críticas a la ejecutiva de Escobar por su "acercamiento al PP que mucha gente no comparte", aclararon en el entorno de Cayo Lara. Una tesis que ayer validaba uno de los cargos que se han marchado y que pidió expresa reserva: "Sí, la dirección federal tiene razón. Hay excesiva laxitud con el PP, falta mayor contundencia". Citó como ejemplo el apoyo de IU a la nueva directora general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Beatriz Maesso, propuesta por el Ejecutivo de José Antonio Monago. Y ahora se teme un respaldo a los Presupuestos regionales, una previsión que el líder extremeño no contempla, menos aún si no se tocan impuestos. Tal fuente también censuró la "falta de democracia interna".

Escobar rechazó esa teoría: "No tiene nada que ver" con la abstención de IU que en julio dio el Gobierno al PP: "La impresión del federal no corresponde con la realidad. Y ni Reneses ni Lara han llamado para preguntar". Desde la dirección regional se aferran además a que esa abstención que otorgó la Junta a Monago no ha tenido castigo electoral en las generales del 20-N: se pasó del 2,95% de 2008 al 5,69% en 2011: "No les han gustado nuestros resultados". Unos datos que, para el cargo dimisionario citado, son insuficientes, teniendo en cuenta el espectacular crecimiento de IU en todo el Estado. 

¿Y ahora? Reneses entiende que el conflicto no es entre Extremadura y Madrid, sino en el seno de la federación regional. No obstante, la cúpula federal se reserva el derecho de "intervenir" para hacer un "esfuerzo de integración y de orientación" si así se lo pide la ejecutiva de Escobar o los "compañeros extremeños". 

UN CONFLICTO QUE SE ARRASTRA DESDE EL PASADO JULIO

El conflicto entre IU federal e IU Extremadura estalló en verano, cuando la dirección regional, después de un referéndum a las bases, decidió abstenerse en la investidura de José Antonio Monago (PP). Entonces, en las grandes ciudades, salvo Mérida, ganó la opción de prorrogar el mandato del PSOE. Madrid respondió considerando a Extremadura “fuera de la política” de IU, pero de las amenazas de expediente, nada.

De los ocho dimisionarios de la Presidencia Regional, cinco respaldaron conceder la Junta a los socialistas. Todos, menos los tres cargos de Mérida.