El despido de un profesor de Religión, a Estrasburgo

No es un dogma de fe. De hecho, durante varios siglos los curas pudieron contraer matrimonio. Aún hoy, se permite en muchas tradiciones cristianas. Incluso los sacerdotes católicos de rito oriental tienen el plácet del Papa para hacerlo. Sin embargo, José Antonio Fernández Martínez, sacerdote secularizado murciano, fue despedido de su puesto como profesor de Religión en un instituto de Caravaca de la Cruz (Murcia) por defender, fuera de sus clases, un debate en torno al celibato opcional. Ahora, tras años de lucha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha decidido iniciar un nuevo juicio sobre la legalidad del despido. La diócesis, por su parte, no reconoce la autoridad de Estrasburgo y se remite a los acuerdos Iglesia-Estado y a una resolución del Tribunal Constitucional.

Fernández, ordenado en 1961, se casó en 1984 y desde 1991 trabajaba como docente de Religión, cargo del que fue despedido en 1997. ¿La razón? Pedir que los curas casados pudieran seguir siendo sacerdotes. Cuando el docente apareció fotografiado junto a su familia en un acto del Movimiento Pro Celibato Opcional, el Obispado de Cartagena hizo pública una nota atribuyendo el despido a haberse hecho "pública y notoria" su situación y "por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia que se sentirían contrariados".

Tras varios años litigando en vano contra el Obispado de Cartagena-Murcia en primera instancia el despido fue declarado nulo, pero tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Constitucional se alinearon con la Iglesia, este hombre, padre de cinco hijos, ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decida reactivar el caso y abrir un juicio oral para dilucidar si su despido se atiene o no a derecho. La vista tendrá lugar el próximo 22 de noviembre, aunque la diócesis, en principio, no tiene previsto personarse ante el tribunal.

Estrasburgo ha anunciado a las partes de este proceso que deberán estar en la sede del Tribunal a las 8:45 horas de ese día "para poder examinar las cuestiones preliminares del proceso". Según Diego Mazón, abogado del litigante, se trata de una circunstancia extraordinaria, pues se han dado muy pocos casos en los que este tribunal haya ordenado realizar un nuevo juicio. Ambas partes dispondrán de media hora para exponer sus posiciones ante el tribunal de Estrasburgo.