Desigualdad: el campo en el que brota la violencia

La violencia de género es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una lacra que, según coinciden todos los expertos, es fruto de la desigualdad entre géneros llevada al máximo extremo.

Enriqueta Chicano, presidenta de honor de la Federación de Mujeres Progresistas: María Sanahuja, juez decana de Barcelona, y Andrés Montero Gómez, director de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia intentan presentar una radiografía de la cuestión en nuestro país y de marcar retos para el futuro. Los temas debatidos pueden agruparse en seis bloques:

IGUALDAD

A la hora de asumir que la desigualdad llevada a la máxima expresión es uno de los ingredientes de la violencia machista, Enriqueta Chicano y el psicólogo Andrés Montero no tienen ningún tipo de duda y responden con un "por supuesto". A continuación explican su postura.
Enriqueta Chicano esgrime una de las frases a las que más recurren las feministas cuando se les hacen cuestiones de este tipo. "Nadie maltrata a quien considera su igual. El matratador se cree superior y considera a la mujer como un objeto de su propiedad".

Andrés Montero añade otra reflexión a los comentarios de Chicano: "Si entendemos y aceptamos que vivimos en una sociedad desigual en términos de género, estamos también en el camino de lograr la igualdad (...) Hay que apostar por la transmisión de valores de igualdad ".
Es María Sanahuja la que plantea la necesidad de que se precise lo que se entiende por violencia contra las mujeres.

A lo largo del todo el debate la juez decana de Barcelona insiste en que la Ley contra la violencia de género no ha dado la nota. "¿Es que llamar imbécil a tu pareja ya es violencia de género?", lanza la pregunta.
No obstante, asegura que pese a que no es partidaria de mezclar igualdad con violencia, lo que está claro es que "a mayores cuotas de igualdad, mayores cuotas de respeto".

Sanahuja vuelve a insistir sobre las declaraciones que ya le han dado más de un quebradero de cabeza: que existen miles de detenciones masivas de hombres por malos tratos sin apenas indicios.
Cuestionada su actitud por sus contertulios, Sanahuja entiende que "a diez señoras por mañana, un juez no puede averiguar quién sí y quién no está en una situación de riesgo, pero tampoco se arriesga -el juez- a no tomar ningún tipo de medida".

"Los jueces tenemos ideas. Negarlo es un absurdo. Me guste o no casar homosexuales, lo hago porque así lo marca la ley. Lo mismo hago en materia de violencia de género. Pero también me pagan para que ponga en evidencia las carencias del sistema", dice levantando la voz. "Nos encantaría, a la hora de tomar decisiones contar con informes de los médicos, de las escuelas... pero no siempre es posible", dice.
Por su parte, Enriqueta Chicano critica todos aquellos posicionamientos que parten de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. "Hay mujeres que pensáis -dice mirando a Sanhauja- que somos más estupendas de lo que somos. A veces se nos olvida que hay mujeres que no son independientes económicamente, muchas de ellas mayores de 50 años".

ABORTO

En materia de aborto, tanto Sanahuja como Chicano se muestran partidarias de que se emprenda una reforma legislativa, "una ley clara de plazos", apuesta la juez.

Para Sanahuja "es una vergüenza" que no se garantice el aborto en los tres supuestos que contempla la ley en la red de hospitales públicos. "Si se hace sólo en la privada acaban, en ocasiones, haciendo unas barbaridades que no deberían de hacerse nunca".

Para el tema de la objeción de conciencia de los médicos, la juez intenta aplicar un símil con la carrera judicial: "¿Puedo yo apelar a la objeción de conciencia para, por ejemplo, no casar a parejas del mismo sexo?" Y se responde a sí misma: "No. Tengo que aplicar la Ley". A su juicio, si un médico está en la sanidad pública y no quiere aplicar la ley, "que se vaya a la privada".

"No puede ser que la sanidad pública no garantice un derecho ya reconocido", añade Enriqueta.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hace un par de meses una mujer de nacionalidad rusa fue asesinada por su ex pareja después de que éste intentara reconciliarse con ella delante de las cámaras de un programa de televisión. Tras este suceso, los medios acordaron con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, unos principios éticos a la hora de tratar informaciones tan delicadas. ¿Dónde están los límites?

Andrés Montero entiende que los medios de comunicación han ayudado mucho a concienciar y sensibilizar sobre esta lacra. Pero no oculta que existen fallos puntuales a la hora de tratar casos concretos, en parte "por la desinformación de algunos de los profesionales que cubren estas informaciones".

Sanahuja, por su parte, se muestra convencida de que "tiene que haber límites, por eso se firman protocolos". Pero "tenemos que tener cuidado en cómo ponemos puertas al campo", dice en referencia a los controles. "No es necesario llegar a los comités de censura de la época de Franco".
Ligado con la presencia del fenómeno en los medios de comunicación, está lo que algunos expertos han denominado "efecto contagio". Para Andrés Montero, esta observación no se sotiene si tiramos de las estadísticas. "Hay estudios matemáticos que demuestran que los casos de maltrato tras un episodio que se ha publicitado en los medios no son superiores a los que se pueden dar por azar".

"Una cosa es toda la secuencia longitudinal de la violencia, que en España es de una media de cinco años, y otra es cuando se desencadena una agresión grave con resultado de muerte", aclara.

INMIGRACIÓN

Uno de los mitos que corren sobre la violencia contra las mujeres es que gran parte del incremento se debe a los casos que se registran entre la población inmigrante. ¿Tienes algún tipo de fundamento estas afirmaciones?¿Se trata de un mito a derribar?
El psicólogo Andrés Montero explica que "la sobrerrepresentación de las mujeres inmigrantes en las estadísticas de violencia de género refleja en parte su sobrerrepresentación en el riesgo social, derivada de su sobrerrepresentación en la discriminación ,por ser mujer, por ser extranjera, por ser pobre, muchas por ser de color, muchas por ser madres, etc".

La juez decana de Barcelona, por su parte, añade un componente cultural a esta cuestión: "Estas mujeres provienen de culturas donde determinados grados de violencia tienen más tolerancia que en la nuestra". Creen, añade, "que cuando denuncian, como ocurre en sus países de origen, la Policía va a reaccionar regañando a la pareja". Y no es así: "Normalmente se inicia un proceso penal que acaba en expulsión. Y no es eso lo que quieren".

PARIDAD

Pocos días antes de la celebración de este debate, el Tribunal Constitucional había tumbado el recurso del PP contra la Ley de Igualdad. ¿Es necesario imponer la paridad?

La juez decana de Barcelona no considera "ningún problema" que se pretenda similar porcentaje de mujeres y hombres en "algunos ámbitos". Pero "no espero que se tienda a ello en ámbitos como el sanitario o el educativo, donde somos mayoriotarias. Ello significaría que nos echaran del trabajo". En el ámbito de la Justicia, por ejemplo, está convencida de que "de aquí a poco vamos a ser absoluta mayoría".

Para Chicano, "la presencia equilibrada de hombres y mujeres normaliza la democracia, legitima las decisiones que se toman".
Además, intenta aclarar a Sanahuja que aquellas profesiones a las que se accede por oposición, seguirán sin variar.

¿UN MINISTERIO DE MUJER?

Varias asociaciones han mantenido en los últimos meses la conveniencia de que el próximo gobierno cuente con un ministerio de la mujer. Todo ello encaminado a que las políticas de mujer queden fuera del Ministerio de Trabajo se aborden en un órgano que tenga rango superior. En un primer momento se especuló con que el PSOE lo llevaba en su programa. Pero definitivamente no ha sido así.
Enriqueta Chicano mantiene la misma postura que ha defendido la asociación de la que es presidenta de honor: "Sí". Y lo explica: "Para poder coordinar diferentes cuestiones, las políticas de mujer tienen que ejecutarse desde una categoría superior".

Mientras, Sanahuja sostiene que "lo que hay que hacer es coordinar el esfuerzo público que se está haciendo. Hay un montón de administraciones que trabajan en el mismo ámbito". Su propuesta sería el nombramiento de una persona por parte del Gobierno que se responsabilizara de coordinar estas políticas.