Los derechos para los inmigrantes, una lotería

Tres años después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, propusiese que los inmigrantes firmasen un contrato de integración obligatorio, a imagen y semejanza del que impuso Francia (a pesar del escaso éxito que ha tenido el proyecto de Sarkozy los dos últimos años), la responsable de su partido en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, ha registrado esta semana una propuesta similar en el Parlament de Catalunya. El País Valencià, gobernado por el PP, lo practica desde 2009.

De momento, el documento de la Generalitat Valenciana carece de validez jurídica, pero las asociaciones critican la "humillación" que supone tener que firmar un documento de este tipo. "Se plantea al inmigrante como un ser al que domesticar", lamenta Marcia Quizhpi, del Foro Alternativo de la Inmigración.

El PP quiere su contrato de integración también en Catalunya

Además del contrato, las diferencias de derechos de los inmigrantes según la autonomía en la que viven se extiende a otras áreas, como la sanidad, el padrón o la justicia.

Pero no todas las autonomías ponen en marcha iniciativas coercitivas. Médicos del Mundo valora, por ejemplo, la tarjeta médica universal que dispensa la Junta de Andalucía a todos los ciudadanos, incluidos los sin papeles. En algunas comunidades, los indocumentados tienen problemas para acceder a la sanidad.

Andalucía también potencia el acceso a la justicia gratuita de este colectivo, al entender que, generalmente, no pueden pagar un abogado. En Madrid, su presidenta, Esperanza Aguirre se mostró especialmente crítica el año pasado con este servicio público y manifestó su intención de restringir el derecho constitucional de la justicia gratuita, señalando especialmente a los inmigrantes, al criticar el gasto que suponen sus recursos.

Médicos del Mundo valora la tarjeta sanitaria universal de Andalucía

Sin tropezar con la ilegalidad, las Delegaciones del Gobierno también documentan de manera dispar a los menores de edad no acompañados, al cumplir los 18 años. Estos organismos alegan que documentar o no a un chico al cumplir los 18 depende de si tiene trabajo, sigue estudiando... Sin embargo, Público ha documentado cómo, en Madrid, historias paralelas de tres chicos subsaharianos se documentan de distinta manera.

Otras autonomías como Euskadi "no aprovechan que cumplan los 18 años para dejarles en la estacada", señala Javier Galparsoro, abogado y presidente de CEAR Euskadi.

El registro en el padrón municipal otro derecho constitucional fue objeto de polémica el año pasado, durante la precampaña electoral catalana. Algunos ayuntamientos siguieron la estela de Vic (Barcelona), que promovió no empadronar a los sin papeles y animó a denunciarles.

En Robledo de Chavela y Torrejón de Ardoz (Madrid), promovieron la misma iniciativa. La moda se extendió en otros pueblos y el Gobierno tuvo que hacer un llamamiento público recordando a los alcaldes que el padrón es un instrumento para saber cuantas personas viven en España y que es ilegal negar el registro a los residentes. Tengan papeles o no. Pese a ello, algunos consistorios siguen poniendo trabas y dificultando el registro.