Las comunidades autónomas serán más estrictas a la hora de conceder pagas a los familiares de los dependientes moderados, que se empezarán a beneficiar de la Ley de Dependencia el próximo 1 de enero. Un total de 122.000 de estas personas ya tiene reconocida la ayuda, aunque el número de afectados podría llegar a los 600.000, según la estimación que hizo el Gobierno en el Libro Blanco de la Dependencia.

La propuesta que está sobre la mesa es el acuerdo al que llegaron las autonomías el pasado 9 de septiembre. El texto, al que ha tenido acceso este diario, debe presentarse en el Comité Consultivo, con representación de sindicatos y empresarios, y votarse en el Consejo Territorial de Dependencia.

El documento que se debate establece que el familiar que quiera cobrar una paga deberá haber estado al cuidado de la persona dependiente antes de solicitar acogerse a la ley, y que 'no sea posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados'.

Además, el cuidador deberá convivir con la persona dependiente en el mismo domicilio y deberá garantizar que no sufre ningún tipo de dependencia. El borrador también establece una paga de 180 euros mensuales para cada familiar.

De esta forma, las autonomías pretenden cumplir al pie de la letra la Ley de Dependencia, que establece que la paga al familiar del dependiente para que le cuide debe ser excepcional. Las ayudas que se han concedido en los tres años y nueve meses que la ley está en vigor demuestran que, hasta el momento, la excepción casi ha sido la norma.

Un 58% de las 622.190 personas que hasta el momento reciben una ayuda se benefician de una paga al cuidador familiar.

Las condiciones que se establecen ahora evitarán, por ejemplo, que ancianos que apenas pueden caminar estén al cargo de sus cónyuges, como ocurre en muchas ocasiones con las pagas que se han dado hasta el momento.

Opiniones opuestas

El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, critica que se esté limitando la ayuda al familiar justo en los casos en que resulta más sencillo. A su juicio, son los grandes dependientes y los severos quienes deben recibir estrictamente cuidados profesionales, sea en residencias, centros de día o por parte de cuidadores de un servicio de atención a domicilio. Según justifica, estas personas necesitan 'atención las 24 horas del día'.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez que se opone a la paga familiar en cualquier grado de dependencia, opina lo contrario. La incorporación de los nuevos dependientes 'debe servir para aumentar los servicios de proximidad y desarrollar los apoyos tecnológicos, los servicios domiciliarios y los de prevención'. Ramírez ve indispensable 'promover servicios frente a prestaciones económicas'.