Este artículo se publicó hace 12 años.
Cospedal defiende a los políticos: "no lo hacen por un gran salario"
La secretaria general del PP cree injusto que se demonice a la clase política, "que sabe que tiene que dar ejemplo".
La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha roto una lanza en favor de la clase política y de quienes se dedican a la actividad pública porque "la inmensa mayoría lo hace de buena voluntad, trabajando mucho, dejando en ello mucho esfuerzo, quitándole mucho tiempo a su familia y a su vida particular". En declaraciones a EuropaPress, Cospedal destacó que "lo hacen por un salario normal". Así, aunque reconoce que "hoy hay muchas personas que están en paro", ha insistido en que las personas que se dedican a la política "no lo hacen por un gran salario".
"Es verdad que hoy hay muchas necesidades, hay gente que gana muy poco dinero, hay mucha gente que está en paro, pero la inmensa mayoría de la clase política no se merece que la demonicen como está ocurriendo hoy en día", ha recalcado.
Cospedal cree "perfectamente posible" llegar a acuerdos con el PSOENo obstante, ha explicado que la clase política "también sabe que tiene que dar ejemplo" y ha asegurado que los políticos están "muy dispuestos a darlo a los ciudadanos", dado que los diputados "no son más que representantes de los ciudadanos, que los votan y los eligen". Así, se ha mostrado confiada en que será "perfectamente posible" llegar a acuerdos con el PSOE o con otros grupos de la oposición para reducir el número de diputados en los parlamentos autonómicos. "Otra cosa -ha dicho- sería un contrasentido".
Algunos cargos lo pasarían malNo obstante, la presidenta castellano-manchega destacó que si se hubiera aprobado antes la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que prevé penas de cárcel a gestores públicos que falseen cuentas y oculten datos, "algunos" cargos "lo habrían pasado muy mal".
Según la reforma aprobada, se podrán imponer penas de entre uno y cuatro años de prisión contra cualquier autoridad o funcionario público que cause un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa con su gestión, falseando su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su actividad económica o divulgando información falsa por cualquier medio.
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