Los contrarios al copago denuncian la "crueldad" de la medida de Mato

Andalucía, Castilla y León y Euskadi junto con el PSOE y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se han manifestado en contra de la decisión del Gobierno de implantar el copago para una serie de fármacos que se dispensan en los hospitales a enfermos graves o crónicos no ingresados. Con esta medida publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase. Estos medicamentos hasta hora eran de dispensación gratuita y se dirigían a enfermos con hepatitis C, distintos tipos de cáncer, VIH y artritis, entre otras muchas enfermedades crónicas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con que el coste adicional "lo sufran los ciudadanos", ya que considera que deben ser las grandes industrias las que lo afronten. En ese sentido, ha precisado que "ahora toma sentido aquella medida de subasta de medicamentos, ahora se entiende con claridad por qué el Gobierno andaluz la lideraba".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se dirigirá al Gobierno de la nación para que "no llegue a aplicarse" el copago de las medicinas que se dispensan en los hospitales a enfermos crónicos y de larga duración. En su opinión, se trata de una postura "que hay que defender por coherencia y porque se trata de medicamentos que los pacientes deben consumir necesariamente y no se aprecia que vaya a producir ningún ahorro razonable.

Euskadi, por su parte, estudia medidas legales para no aplicar el copago.  El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha señalado que "no es una medida adecuada para mejorar el sistema sanitario y menos en el momento económico actual". Ha insistido en que el Ejecutivo vasco no entiende que se implante este nuevo copago a personas afectadas por enfermedades crónicas importantes y ha añadido que las farmacias hospitalarias no están  administrativamente preparadas para aplicar el copago y, aunque lo estuvieran, la medida es "inadecuada".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha grabado un videoblog en el que también critica la medida: "No se me ocurre nada más cruel que obligar a gente que no tiene recursos a pagar para poder seguir viviendo", afirma Pérez Rubalcaba en este blog. Rubalcaba asegura que este cambio afecta a pacientes que "no tienen más remedio que seguir tomando las medicinas y que en muchos casos deben tomarlas de por vida".

Su compañero de partido Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños, ha ido más allá y apunta a una posible privatización del servicio. "Se acabó el negocio en los ladrillos, y ahora han decidido que hay que hacerlo con la sanidad y las pensiones", defendió Gómez en una visita al municipio madrileño de Meco. Así, defendió que los españoles y los socialistas van a "impedir que se lleve a cabo el proceso de privatización de la sanidad".

El portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, también ha calificado el nuevo copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública. Llamazares se ha pronunciado así en su cuenta personal de Twitter: "El Real Decreto de la infamia y la gestión desleal de la sanidad pública continúa: ahora repago a los enfermos hospitalarios. Ensañamiento", escribió.

Al mismo tiempo, la FADSP considera que se trata de "una nueva barrera que dificulta y/o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos", lo que genera el "aumento de la morbilidad y de la mortalidad" en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud. "Se trata de una agresión más del Ministerio de Sanidad", opina esta organización en una nota.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) también ha rechazado esta nueva medida, que afectará, dicen, "a las personas que más necesitan los servicios sanitarios". A juicio del presidente de la confederación, Mario García, con este copago "se continúa penalizando a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas" y, todo ello, "por el simple hecho de seguir el tratamiento indicado por el personal sanitario".

Por su parte,  la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se ha excusado hoy por la resolución del Ministerio de Sanidad dejando la imposición del nuevo copago en farmacia hospitalaria en manos de las comunidades autónomas.

Los ejecutivos regionales van a ser los encargados de gestionar el copago de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no hospitalizados, según ha recordado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.  De esta forma, serán las autonomías las que organicen las aportaciones del pago de medicamentos que se dispensen en los hospitales a aquellas personas que no están ingresadas en los mismos.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre y, tal y como ha recordado la vicepresidenta del Gobierno, tendrá un límite de aportación reducida.  En total en el BOE se recogen 157 presentaciones farmacológicas de  poco más de 50 medicamentos que, según señala, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud (SNS), a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".