Concluye el plazo para exigir la responsabilidad patrimonial por la crisis de Air Madrid

El primer aniversario de la suspensión de vuelos de Air Madrid se cumple mañana sábado, coincidiendo con la conclusión del plazo para presentar las reclamaciones previas de responsabilidad patrimonial del Estado, informó hoy la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios Ausbanc Consumo.

El 15 de diciembre de 2006, la compañía Air Madrid dejó de operar, lo que ocasionó que, en medio de la campaña navideña, "decenas de miles de personas se vieran abandonadas a su suerte en aeropuertos de varios países, sin que se respetaran sus derechos recogidos en la normativa en vigor".

A la primera reclamación para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado, que fue presentada por la asociación el 20 de junio de 2007 ante el Ministerio de Fomento, se han sumado otras, hasta representar a todos los afectados asociados a esta organización.

Ausbanc considera que ha existido una dejadez de funciones por parte de Fomento al no supervisar el cumplimiento del reglamento comunitario por parte de Air Madrid, ni garantizar los derechos de los pasajeros que se vieron "seriamente perjudicados y totalmente desasistidos por los poderes públicos, padeciendo situaciones en algunos casos inhumanas".

El reglamento comunitario 261/2004 otorga a los usuarios de compañías aéreas una serie de derechos que han sido "absolutamente vulnerados en esta crisis, sin que desde ningún organismo público se haya hecho nada para garantizar el cumplimiento de derechos básicos que, en caso de no volar, asisten a los pasajeros".

Entre éstos destacan el de asistencia, información, compensación e indemnización por los daños y perjuicios producidos.

Paralelamente a la presentación de reclamaciones en vía administrativa para exigir la responsabilidad patrimonial, Ausbanc continúa a la espera de conocer el informe de la Administración Concursal.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha interrumpido el plazo legal de entrega del informe, establecido en dos meses, aceptando la solicitud realizada por la propia administración concursal debido a la situación "de fuerza mayor" provocada por el elevado volumen de afectados, y las múltiples nacionalidades de los mismos.