El club de los herederos

Hubo cuestiones, de todos modos, bastante complicadas: tuve que vender la diadema rusa para que Cayetano se pudiera comprar un caballo maravilloso, Gigoló, y pudiera dedicarse a la equitación y competir". Bajo el epígrafe Las trastadas de Cayetano, la duquesa de Alba dedica en su libro de memorias Yo, Cayetana (Espasa) un cariñoso perfil a su hijo, el conde de Salvatierra, en el que revela los quebraderos de cabeza que le dio en su adolescencia, "con una vida bastante alocada y metiéndose en líos allá donde iba". Hace una semana, su hijo, que compitió como jinete en las Olimpiadas de Barcelona, volvió a ser cogido en un renuncio. En una delirante entrevista que concedió a Jordi Évole emitida en La Sexta, tiró por tierra su imagen, dejó a los pies de los caballos a la casta a la que pertenece desde que nació, la nobleza, y generó un enfado monumental en Andalucía, la tierra que su madre escogió para vivir. "Hasta la derecha lo ha criticado", opinó, como resumen sobre el affaire, Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado andaluz por IU y alcalde de Marinaleda.

En España hay ahora 2.974 títulos nobiliarios en manos de 2.205 personas, según la guía que edita el Ministerio de Justicia. De ellos, 405 son considerados grandes de España, entre los que están Cayetano y su madre, por supuesto. "La nobleza española se agrupa en unas 40 instituciones, la más importante, la Diputación de la Grandeza de España, y participa en unas 12.000 ONG, con voluntad asistencial y caritativa", asegura Luis Palacios Bañuelos, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, en el volumen colectivo La nobleza en España: historia, presente y perspectiva de futuro (Dykinson).

"El título sirve para servir a España y a la monarquía", afirma el marqués de Távara

Ese club de los herederos no tiene ya sobre el papel privilegio alguno (el último, el pasaporte diplomático, fue abolido en 1984), pero sí acumula en tierras e inmuebles un patrimonio ingente, que en el caso de la Casa de Alba está valorado en unos 3.000 millones de euros, admite la propia duquesa en sus memorias. "Pocos añaden que prácticamente nada, o casi nada, se puede vender, por expreso deseo de los Alba; por cierto, por deseo mío y de mi padre", añade.

¿Qué hacen esas 2.205 personas con los bienes heredados? ¿En qué benefician a la sociedad? ¿Son todos como demostró ser Cayetano de Alba en la televisión? "No faltan quienes aún optan por el parasitismo social, buscando la seguridad en el apellido y en el recuerdo de antepasados gloriosos, pero son muchos los que trabajan por el éxito [..] en el mundo real de las empresas, las profesiones liberales o los terrenos intelectual y cultural", afirma Palacios Bañuelos.

El patrimonio de la Casa de Alba está valorado en unos 3.000 millones de euros

"[El título] sirve para servir a España y a la monarquía". Así respondió Íñigo de Arteaga, marqués de Távara, hijo del duque del Infantado uno de los mayores latifundistas del país y a quien los jornaleros andaluces nucleados en torno al Sindicato de Obreros del Campo siguen dando la pelea para que "entregue sus tierras", a la reportera de Comando Actualidad que le preguntó: "¿Para qué sirve el título?". Íñigo, que conoce al príncipe Felipe desde la infancia, trabajó en finanzas durante diez años en Nueva York y Londres antes de regresar a España para gestionar el inmenso patrimonio de su familia.

Este aristócrata aceptó mostrar su modo de vida en TVE. Con naturalidad, aparece montándose en una avioneta y aterrizando en una pista habilitada para tareas de fumigación en las tierras de su familia, entre Sevilla y Córdoba. "Sientes presión por mantener [el patrimonio], eso lo tienes no porque seas más listo, más alto y más guapo, sino porque te ha llegado y lo tienes que mantener", afirma. "Es complicado por la naturaleza del patrimonio, si en vez de castillos, fueran 200 pisos en Barcelona, sería más fácil. Todo se traga, las casas, los cuadros, los campos, cuesta mucho dinero y hay gente que se arruina reconstruyendo palacios o castillos", afirma el marqués.

No es el caso de la Casa del Infantado que ha optado por decisiones como la de permitir la instalación en sus tierras de una moderna planta termosolar ni de la de Alba. "Se habla también de cuánto dinero hemos recibido afirma Cayetana del Estado o de la Comunidad de Madrid o cualquier organismo público cuando hemos tenido que llevar a cabo alguna obra, particularmente en [el Palacio de] Liria. De financiación pública, cero. Otra cosa bien diferente es que, gracias a nuestro patrimonio y a los siglos de historia de esta Casa, desde las diferentes administraciones públicas se nos haya apoyado más o menos durante unos gobiernos u otros", agrega la duquesa. ¿Tienen influencia en las decisiones políticas los miembros de la aristocracia? Parece que no, si se tiene en cuenta que la ley 33/2006, de igualdad del hombre y la mujer en la sucesión de los títulos nobiliarios, que les afectaba de lleno y sólo se les aplicaba a ellos, se aprobó y se aplicó a pesar de la oposición de la mayoría de los llamados grandes de España a su desarrollo.

Tanto la Casa del Infantado como la de Alba tienen miles de hectáreas en Andalucía. Y su negocio agrario, según defienden los sindicatos, no es rentable salvo por las subvenciones europeas. "Hay un porcentaje muy alto de la tierra en Andalucía, se dice del 80%, en manos de grandes propietarios. Su distribución no ha cambiado en las últimas décadas. La riqueza que se genera sigue en manos de muy poca gente. Su uso está al servicio de un modelo agroalimentario que va en contra de los intereses generales y está subordinado a las grandes transnacionales. Esto impide que la tierra se trabaje con orientación social", afirma Manuel Delgado, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Precisamente el tan denostado PER fue creado en 1984 para amortiguar la pobreza endémica de cientos de miles de jornaleros sin tierra en Andalucía y Extremadura, sufridores del injusto reparto de los recursos agrarios.

También hay miembros de la aristocracia conscientes del anacronismo. "Para quienes amamos el pasado y no lo queremos hacer presente, hubiera sido mucho más razonable abolir de una vez por todas la propia institución nobiliaria, que ya no tiene razón de ser en la España democrática", afirma Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, marqués, vizconde y cronista de Castilla y León en La nobleza en España.