La matanza de La Cantuta, que supuso el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor en 1992, fue uno de los crímenes más significativos del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y reveló a la luz pública la guerra sucia del régimen peruano en su lucha antiterrorista.

La madrugada del 18 de julio de 1992, integrantes del grupo militar encubierto Colina, al mando del entonces mayor del Ejército Santiago Martin Rivas, ingresaron con pasamontañas y armados con fusiles a la Universidad Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta, al este de Lima.

Tras ocupar el centro educativo, entraron en las habitaciones y secuestraron a nueve estudiantes y un catedrático, quienes fueron posteriormente aniquilados y enterrados en una quebrada cercana.

Antes, Fujimori había visitado esa universidad y se había topado con una violenta reacción de los estudiantes, por lo que impuso el toque de queda y un férreo control militar convencido de que cobijaba a terroristas.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), hecho público en 2003, los militares irrumpieron en la residencia universitaria en presencia de un centenar de testigos y secuestraron a las víctimas sin que ninguna autoridad diera razón de su paradero.

En el marco del proceso que se le sigue a Fujimori por violaciones a los derechos humanos, el ex mayor del Ejército José Velarde Astete, entonces responsable de la seguridad de La Cantuta, identificó a Rivas como el jefe operativo de la incursión.

Según las investigaciones y declaraciones de testigos, el creador del grupo Colina fue el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, mano derecha de Fujimori.

Las primeras evidencias sobre la masacre fueron reveladas a finales de 1992 por el semanario periodístico Sí, que sostenía que el crimen fue cometido por agentes del servicio de inteligencia, lo que le valió una denuncia al director de ese medio, Ricardo Uceda.

Aquella revelación dio paso, en abril de 1993, a una investigación del Congreso y un mes después el general Rodolfo Robles Espinoza denunció que Montesinos y altos mandos del Ejército mantenían un comando operativo responsable de la matanza.

Robles Espinoza fue enjuiciado por "ultraje a la nación", justo cuando se hallaron los restos calcinados y seccionados de las víctimas, tras otra denuncia periodística que reafirmaba la responsabilidad del Ejército, mientras las autoridades acusaban a Sendero Luminoso de las muertes.

Ante la presión de la opinión pública, se dispuso por ley un proceso judicial en el fuero castrense contra varios militares, que fueron condenados al sostener que habían actuado por cuenta propia.

En 1995, una Ley de Amnistía les devolvió la libertad y hubo que esperar hasta 2001 para que la Fiscalía vinculara a Fujimori, quien un año antes se había fugado a Japón y renunciado vía fax a la presidencia.

Ese año también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrir las investigaciones y el pago de una indemnización por parte del Estado a los familiares de las víctimas.

Así, en 2005 se inició un nuevo proceso contra los considerados responsables de Colina, también procesados por otra matanza ocurrida en Barrios Altos en 1991, en la que murieron 15 personas, entre ellas un niño.

Por este caso se sentenció este año al ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) Julio Salazar Monroe, a 35 años de prisión.

El ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Alberto Pinto Cárdenas y el ex militar Wilmer Yarlequé Ordinola, un ex integrante del grupo Colina, recibieron 20 años de cárcel cada uno.

La extradición desde Chile de Fujimori, en septiembre del año pasado, permitió abrirle un proceso por las matanza de Barrios Altos y La Cantuta, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el autogolpe de Estado de 1992.

La Fiscalía ha acusado al ex presidente de ser "autor mediato" (planificar, organizar y dirigir) de las referidas matanzas y ha pedido 30 años de cárcel.

Por el caso de La Cantuta también se juzga, todavía en proceso de instrucción, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, al ex comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos y a los ex oficiales Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe, considerados los jefes operativo y logístico del grupo Colina, respectivamente.

El pasado 27 de junio, la presidenta de la Primera Sala Penal Especial de Lima, Inés Villa Bonilla, ordenó que los restos sean entregados a sus familiares, pero lamentó que no se haya podido identificar a todas las víctimas a pesar de los sofisticados exámenes forenses realizados en Francia.