Camps dispara con pólvora ajena

Adicto a los grandes eventos, el conservador Francisco Camps aparece hoy en el escenario no sólo como el único presidente autonómico imputado por soborno en una ramificación del caso Gürtel sino como un verdadero campeón en el deporte de disparar con pólvora ajena. O sea, con dinero público.

Lo ocurrido en el País Valencià con el arquitecto Santiago Calatrava, erigido en icono cultural del PP, lo ilustra sin necesidad de adjetivos: entre 2005 y 2009, Calatrava cobró 5,2 millones de euros a cambio de nada. O, más exactamente, por esbozar, a dedo y tras una gran mascletá propagandística, dos hitos urbanos que han quedado en humo. Ahora, y tras una denuncia de IU, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha abierto investigaciones.

El primero de esos dos macroproyectos fantasma se publicitó a finales de 2004. Tres lujosos rascacielos se alzarían junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: frente al mar y, lo que es aquí más importante, sobre una parcela sujeta a litigio y ubicada bajo la senda de aproximación al aeropuerto de Manises, factor que hacía inviable su construcción y que la Generalitat valenciana obvió. El contrato se firmó en septiembre de 2005.

Y, cuatro meses más tarde, Calatrava ya había cobrado 2,5 millones de euros. Del trabajo efectuado por el arquitecto nada se sabe: la Generalitat aduce que el contrato es confidencial, afirmación que vulnera la Ley de Contratos Públicos.Pese al fiasco, el Gobierno valenciano repitió. El 17 de diciembre de 2007, Calatrava se hacía con un nuevo contrato, este para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón. Por supuesto, y siguiendo la pauta, el centro ni se ha hecho y es difícil que se haga. La paralización del plan urbanístico de la zona por orden de los tribunales y las progresivas demandas de Calatrava para encarecer el proyecto así lo indican.

Pero lo anterior no ha sido óbice para que, de nuevo, el arquitecto cobre. En total, 2,7 millones salidos del erario público pese a la resistencia de los técnicos, que se negaban a pagar alegando que el contrato se había incumplido. Tanto el PP como Calatrava, imputado en Baleares junto con Jaume Matas en un caso muy similar (cobró 1,2 millones por un proyecto fantasma), han amenazado con querellas a IU.

Pero ni las torres de Valencia ni el centro de convenciones de Castellón constituyen el único ejemplo de dispendio. Hay más. Entre ellos, el relacionado con la organización del Gran Premio Fórmula 1. La Sindicatura de Cuentas ya ha avisado de que, en 2009, la sociedad pública encargada de la organización del premio computó 19 millones como "gastos de carácter excepcional". Cuáles son es un misterio: el contrato también es "confidencial". Se veía venir.